En seis páginas, el Partido Comunista informó al Servicio Electoral (Servel) los alcances y condiciones en que concretó en octubre de 2016 la venta de un conjunto de propiedades a Progreso SpA., una sociedad de inversiones constituida por un militante de sus filas.
Pese a que la colectividad ha señalado que se enajenaron los bienes para ajustarse a la nueva ley de partidos que los obliga a usar al menos dos tercios de sus propiedades en fines propios de la actividad partidaria, el hecho de que el comprador fuese una firma creada y administrada por militantes y que el valor pactado -$ 3.086 millones en cuotas a 10 años plazo- fuese similar al avalúo fiscal y no al precio comercial generó suspicacias y críticas de la oposición, donde acusaron la utilización de "palos blancos" y pidieron al Servel abrir una indagatoria.
Fue justamente en el marco de esa causa, donde el Servel indaga si la venta se ajusta a la normativa vigente (considerando que el artículo 45 de la Ley de Partidos políticos señala que estos no podrán celebrar contratos onerosos en condiciones distintas a las del mercado), en que el PC hizo sus descargos.
En la respuesta, según explicó el abogado del partido, Manuel Luna, se explicitó al ente fiscalizador dos razones por las cuales se consideró el avalúo fiscal de las propiedades como precio de compra y venta. "Una es la premura de tiempo para el cumplimiento de la normativa legal, que es la principal. Y lo otro es que habían deudas por parte de la sociedad", afirmó Luna.
El abogado agregó que esas deudas eran difíciles de determinar en ese momento y que incluso la cifra exacta él todavía no la maneja.
En relación al apuro que tenía el PC por vender, el abogado lo vincula a la exigencia de la nueva Ley de Partidos Políticos que restringe las posibilidades de rentar sus propiedades.
"Del total de bienes inmuebles a nombre del partido, al menos dos tercios deberán destinarse a las actividades señaladas en el artículo 2° de esta ley", dice la nueva ley de partidos.
En el caso del PC, varios de estos bienes habían sido adquiridos con la indemnización que recibieron por los activos confiscados durante el régimen militar y se arrendaban para rentabilizar el patrimonio de la colectividad.
Quienes conocen el tenor de la investigación en curso explican que esta todavía no se encuentra en etapa sancionatoria sino que en proceso de recopilación de información. "Aún no hay respuesta, se entregaron todos los antecedentes, se complementaron y ellos recabaron otros antecedentes más. Aún no hay respuesta", agregó Luna.
La fiscalía y el SII
En forma paralela a la indagatoria del Servel, sobre el mismo hecho existe una investigación de la fiscalía. Esto a partir de una querella penal interpuesta por el PRI el 30 de mayo. Entre las diligencias, el fiscal a cargo de la causa, Marcelo Carrasco, envió al Servicio de Impuestos Internos la información recopilada.
A partir de allí, el SII también activó su propia investigación y ha solicitado información al partido, además de la comparecencia de representantes de la empresa compradora. Fuentes conocedoras de esa indagatoria descartan por ahora la presentación de una querella, aunque se indagan los impuestos comprometidos en la venta.
