Un momento tenso se vivió ayer en la Comisión de Constitución de la Cámara, cuando el diputado PS Osvaldo Andrade propuso "sugerir que no se constituyeran las comisiones" que buscan investigar lo ocurrido en el denominado caso Penta y el financiamiento de campañas electorales desde 2005.
La idea -que fue apoyada por el presidente de RN, Cristián Monckeberg- no fue bien recibida por el representante PC Hugo Gutiérrez, quien afirmó que "toda petición de suspender (las comisiones)... que la dejemos sin efecto, en definitiva, lo que está buscando es evitar que estas comisiones funcionen".
El debate se dio en el marco de la solicitud que hizo la mesa de la Cámara a la Comisión de Constitución para que analice desde el punto de vista jurídico si los diputados tienen facultad para investigar a privados. Esto, luego de que fueran aprobadas una comisión-pedida por la Nueva Mayoría- para indagar los aportes que hizo el Grupo Penta a ciertos candidatos y otra -promovida por la UDI- para revisar el financiamiento de distintas campañas electorales.
Con esa misión, se pidieron informes a la Secretaría de la Comisión de Constitución y a la Biblioteca del Congreso (BCN). Ambos informes concluyeron que a la Cámara le corresponde fiscalizar "actos de gobierno" y no a privados.
Incluso, el texto de la secretaría dice que "la fiscalización de la Cámara no puede extenderse a los actos de los particulares".
A su vez, en el documento elaborado por la BCN deja abierta la puerta a distintas interpretaciones, pero también coincide en que la Constitución sólo mandata para investigar al gobierno, que extensivamente puede incluirse a empresas estatales y servicios públicos.
Lo expresado en ambos informes daba pie a una idea que se ha conversado soterradamente entre algunas bancadas: "bajar" ambas comisiones investigadoras.
Esa salida, sin embargo, fue rechazada de plano por el PC, que ya notificó a los otros comités que no dará la unanimidad para que no se constituyan estas comisiones especiales. "Tiene que ser por unanimidad y les digo desde ya que no la voy a dar", sentenció ayer Gutiérrez, cuya postura es apoyada en su partido.
"Espero que estas dos comisiones sigan adelante, hay que investigar todo lo que haya que investigar", remarcó la PC Karol Cariola.
En la UDI, si bien hay partidarios de no insistir con la comisiones, también hay quienes prefieren seguir adelante. Ayer, el jefe de bancada gremialista, Felipe Ward, dijo que estaba dispuesto a fusionar las comisiones, pero en ningún caso a dejar sin efecto la investigación.
Por el contrario, en el PS y DC hay voces a favor de revocar ambas investigaciones. "Los informes nos han dicho que actos de gobierno no pueden significar de modo alguno investigar o fiscalizar actos de privados", aseguró Andrade.
"Siempre sostuve que estas comisiones no tenían sentido. Las comisiones deben quedar sin efecto", dijo el jefe de diputados DC, Matías Walker.
En medio de estas diferencias, el presidente de la Comisión de Constitución, Ricardo Rincón (DC), pidió más tiempo para entregar una informe a la Cámara, que será entregado el miércoles 5 de noviembre.
Casos en el pasado
Pese al reparo jurídico, desde 1990 son varias las comisiones que han investigado casos que atañen a privados (ver recuadro) mediante un resquicio reglamentario.
Así fue el caso de la comisión sobre Colonia Dignidad, donde concurrieron a declarar "voluntariamente" los inmigrantes alemanes.
También hubo otra conocida comisión sobre los "pinocheques" que investigó presuntos pagos irregulares de parte de Famae al hijo de Augusto Pinochet, quien no era funcionario público.
En los últimos años fue creada la comisión sobre el accidente en la mina San José (donde quedaron atrapados 33 mineros). A partir de la excusa de la fiscalización del Sernageomin, también se hizo un reproche a los dueños de la mina.
Recientemente también hubo comisiones sobre el lucro en universidades privadas, la situación de los relaves mineros y la extracción de áridos.
