La Brigada de Delitos Económicos de la PDI allanó este martes una de las oficinas en Chile del grupo econónomico peruano Graña y Montero, recientemente vinculado con el caso Lava Jato, que reveló el pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht al ex Mandatario peruano Alejandro Toledo, para la adjudicación de obras públicas en su país.

Lo anterior, en el marco de la querella por estafa presentada por el empresario Carlos Busso en noviembre del año pasado, contra todos quienes resulten responsables de las maniobras engañosas que lo llevaron a vender Adexus a la multinacional.

La diligencia, ordenada por el fiscal de Las Condes Felipe Díaz, concluyó esta madrugada debido a la tardanza que provocó la decisión de Graña y Montero de no entregar de manera voluntaria los antecedentes requeridos, razón por la cual la policía debió solicitar una orden judicial al 4º Juzgado de Garantía de Santiago para poder ingresar al lugar.

En el procedimiento se incautó la documentación de los servidores para recuperar las comunicaciones del querellante Carlos Busso durante su administración, además de información vinculada con la indagatoria.

Busso acusa haber sido víctima de una estafa que bordea los US$ 16,5 millones y un perjuicio que supera los US$ 50 millones.

De acuerdo a la querella -patrocinada por los abogados Eduardo Picand y Rodrigo Ríos- las maniobras engañosas de los controladores del grupo peruano terminaron con la salida de su compañía y la absorción de ésta por parte de la multinacional.

La Fiscalía, en tanto, prepara un viaje a Perú para llevar a cabo nuevas diligencias en las oficinas en Lima de la firma en cuestión.

Respuesta de Graña y Montero

En un comunicado, el grupo señaló que la diligencia a Adexus se daba en el marco de un conflicto "privado y comercial".

"La información solicitada fue entregada íntegra y oportunamente, con la total colaboración de Adexus", indicó la firma, agregando que "en ningún caso esta diligencia significó un allanamiento general de la empresa sino que el mero cumplimiento de una instrucción particular, limitada a los correos vinculados al señor Busso".

"Graña y Montero desmiente categóricamente que esta diligencia tenga cualquier tipo de relación con el caso Lava Jato y mantiene su disposición a colaborar en el proceso en curso, brindando todas las facilidades a la justicia chilena para que lleve a cabo su investigación de manera eficaz", cerró la declaración.