EN seis meses tuvieron 25 sesiones de trabajo y recibieron, en 78 audiencias, a expertos nacionales e internacionales, la CUT y la CPC, universidades, parlamentarios, ex autoridades y, por cierto, a los representantes de las AFP, aseguradoras, bancos y otras industrias financieras. En ese medio año también, cada uno de los 24 integrantes de la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones debió visitar dos regiones para recoger in situ la opinión de sus representantes empresariales, sindicales y organizaciones sociales. En total fueron 15 audiencias regionales e igual número de diálogos ciudadanos. Hoy, la también llamada Comisión Bravo está en la recta final y alista dos informes que podrían remover los cimientos de la industria de pensiones.

Primero, porque la primera semana de noviembre el grupo entregará al gobierno su informe del estado de avance, con un crudo diagnóstico sobre el funcionamiento del régimen de AFP, la dificultad de éstas de entregar una jubilación adecuada a los cotizantes y lo complejo de mantener un modelo previsional diseñado según características demográficas ya obsoletas y un mercado laboral que no cumple los parámetros estimados al inicio.

Pero segundo y más complejo, porque en su informe final -previsto para enero próximo- se trabajan propuestas de "cambios más estructurales al sistema y reformas de largo plazo", según reconoce uno de los expertos detrás del texto, dos de las cuales implicarían modificar algunos pilares del sistema creado en 1981, con el DL 3.500, que dio origen a las administradoras de fondos de pensiones (AFP). La primera permitiría a otros actores distintos de las AFP, como bancos, aseguradoras, administradoras de fondos mutuos y cajas de compensación, gestionar los ahorros previsionales obligatorios. Con esto se pondría fin al giro único de las AFP.

La segunda es la creación de un sistema mixto de cotizaciones, que combinaría en la cuenta de capitalización individual un porcentaje mayoritario de ahorro previsional obligatorio y adicionaría un porcentaje o excedente bajo la modalidad de reparto. La idea es hacerlo de carácter voluntario y aquella parte de reparto "tendría una lógica de solidaridad desde las generaciones jóvenes hacia los grupos de la tercera edad o cuarta edad", explica uno de los profesionales que conoce de la idea.

Hoy están en pleno diseño de la propuesta, pero en la industria de las AFP admiten que tanto desde el gobierno como desde el interior de la comisión, se les ha señalado que es una de las alternativas que se trabajan para el informe de la comisión.

También, que se ha planteado que una fórmula razonable sería seguir el modelo suizo -que combina cotización obligatoria y una fracción de reparto- y que para el caso chileno, por ejemplo, podría plantearse un alza gradual desde la actual cotización obligatoria del 10% de la renta imponible, más la comisión que cobra la AFP por gestionar los ahorros, hacia en torno a 15% del sueldo del trabajador. El excedente de cotización iría a reparto y se plantearían incentivos a los cotizantes jóvenes que quisieran adherir.

Respecto del giro único, detrás de esa opción está el interés por mantener el sistema de pensiones de capitalización individual basado en la cotización obligatoria de los trabajadores, pero permitir que esas cuentas no sean administradas únicamente por las AFP, sino también por otras industrias con experiencia en la gestión de recursos de terceros.

Tanto al interior de la Comisión Bravo, como en la industria de las AFP, aclaran que las propuestas que se planteen en el informe final no tienen un carácter vinculante para el Ejecutivo y que éste está en libertad de tomarlas o no como parte de los cambios que espera impulsar a través de su ahora denominada agenda previsional, pues el gobierno ha pedido tanto a los miembros de la comisión, como a la industria, referirse en adelante a una agenda y no a una reforma al sistema.

El carácter no vinculante del trabajo que surja de la Comisión Bravo es la misma lógica con la que la anterior administración Bachelet convocó, en 2007, a la Comisión Marcel, para que realizara un diagnóstico del sistema de pensiones y también presentara un informe con propuestas. Al final de ese trabajo hubo varias propuestas que no fueron consideradas en la reforma previsional de 2008.

TRES SUBCOMISIONES

La denominada Comisión Bravo es presidida por el economista y académico de la UC, David Bravo, y la integran otros 14 profesionales chilenos y nueve expertos extranjeros (ver datos).

Cuando el 29 de abril pasado, la Presidenta Michelle Bachelet, mediante el Decreto Supremo 718, instituyó la comisión, les fijó como objetivo estudiar el sistema de pensiones establecido en el DL 3.500 y revisar el funcionamiento de la Ley 20.255, que dio curso a la reforma previsional de 2008. El mandato dice que deberán "realizar un diagnóstico acerca del actual funcionamiento de estos cuerpos normativos y elaborar propuestas destinadas a resolver las deficiencias que se identifiquen".

El grupo distribuyó el trabajo en tres subcomisiones. Las dos primeras dedicadas al informe de avance y la tercera, a cargo de la redacción del documento final.

El informe de diagnóstico se entregará al gobierno la primera semana de noviembre próximo y según varios de los comisionados, aún no se les informa si habrá una ceremonia oficial para aquello. El segundo será en enero de 2015 y se entregaría en una ceremonia oficial, en La Moneda.

UN MAL DIAGNÓSTICO

Desde su creación, la industria de las AFP ha ido reduciendo su número de operadores, desde un total inicial de 12 empresas, a las seis administradoras vigentes. El sistema tiene 9,7 millones de afiliados, y de ellos, 4,9 millones son cotizantes activos, con un ingreso promedio de $ 626.481 al mes.

A septiembre pasado, los ahorros previsionales de los chilenos sumaban US$ 163.196 millones, un 14,1% más que a igual fecha de 2013, y representaban un 69% del PIB chileno. Según la Superintendencia de Pensiones, en los 33 años de vigencia del sistema de AFP, los fondos de pensiones han obtenido una rentabilidad promedio de 8,5% (tomando como referencia el Fondo C, intermedio) y un retorno de 11,18% en 12 meses (ver infografía).

Los datos oficiales también indican que a septiembre pasado había 998.457 jubilados de AFP y compañías de seguros, con una pensión promedio autofinanciada de $ 194.597.

El cuadro anterior es parte del informe de diagnóstico. Ahí, una primera subcomisión tiene a su cargo todo el trabajo de caracterización, medición y actualización de las variables demográficas clave, como expectativas de vida, tasa de natalidad y mortandad, del mercado laboral, educacionales y de género. Este grupo también tiene bajo su responsabilidad el análisis y evaluación de los seis años de funcionamiento del Sistema de Pensiones Solidario y su financiamiento por parte del Fisco.

El también denominado Pilar Solidario se instaló con la reforma previsional de 2008 y el año pasado demandó al Fisco US$ 1.621 millones, mientras que en la Ley de Presupuestos 2014 se cauteló una cifra de US$ 1.677 millones.

CUESTIÓN DE RESULTADOS

La segunda subcomisión es la responsable de la evaluación de resultados del sistema de AFP, en materias como monto de las pensiones, cobertura, financiamiento, rentabilidad de los fondos de pensiones, comisiones, densidad de cotizaciones, lagunas previsionales y la tasa de reemplazo adecuada que debiera tener un sistema basado en un régimen de ahorro previsional de carácter individual y obligatorio como el actual. La tasa de reemplazo es el porcentaje de dinero que puede alcanzar la pensión de vejez que se autofinancia respecto de: (a) el total de la remuneración que recibió el trabajador durante su vida laboral activa, (b) su último sueldo o (c) la remuneración promedio que obtuvo en los últimos 10 años de trabajo. Aunque el grupo está en plena redacción del informe, se evalúa la posibilidad de plantear más de una definición.

La problemática de definir una única modalidad de tasa de reemplazo no es menor para la comisión, el gobierno y ciertamente, la industria. De esta variable deriva buena parte de la argumentación sobre la necesidad de reformar el sistema. En la Asociación de AFP,  de hecho, plantean que la tasa de reemplazo mal podría aumentar si uno de los problemas centrales del sistema son las lagunas previsionales que tienen los afiliados al sistema de pensiones.

Los datos de la entidad indican que los hombres cotizan, en promedio, 25 años para una vida laboral de 45 años. Y en el caso de las mujeres, se registran 15 años de cotizaciones para una vida laboral de 35 años.

El punto, de hecho, fue abordado en el denominado Libro Blanco de las pensiones chilenas, de la administración del ex Presidente Sebastián Piñera, y que es uno de los insumos que también ha considerado la comisión, en especial en materia de diagnóstico.

El citado documento -coordinado por el subsecretario de Previsión Social del gobierno anterior, Augusto Iglesias- señala que, "por su propia naturaleza, el sistema de ahorro individual no hace promesas sobre los niveles de las futuras pensiones de vejez", aunque la evidencia sugiere que los afiliados a las AFP esperan (o desean) pensiones de vejez que representen un 70% o más de sus últimos salarios. También, que ese nivel de expectativas es alto y que incluso la OIT sugiere una tasa de reemplazo de 45% para quienes contribuyen al sistema de pensiones por más de 30 años. En promedio, en los países Ocde es de 65,8%.

Un estudio de la Superintendencia de Pensiones reveló que quienes se pensionaron entre enero de 2012 y mayo de 2013 (por vejez o anticipadamente), tras cotizar por más de 30 años en el sistema de AFP, obtuvieron pensiones -sólo del componente obligatorio- por un 54% (66% en los hombres y 42% en las mujeres) de las remuneraciones por las que efectivamente cotizaron en promedio en los últimos 10 años. "Este promedio esconde una gran variedad de casos. De hecho, la mediana de la tasa de reemplazo para ese grupo es de 48% (38% para mujeres y 62% para los hombres), lo que significa que la mitad de estos pensionados tiene tasas de reemplazo iguales o inferiores a 48%", afirma el Libro Blanco.

Por lo mismo, afirma otro integrante de la comisión, en general, habría coincidencia en que la tasa de reemplazo debiera estar en el orden de 50% a 70% de la remuneración del trabajador.

El grupo de expertos también tiene a su cargo la evaluación del funcionamiento e impacto del Pilar Solidario. El foco está puesto en un análisis del efecto en los adultos mayores de la Pensión Básica Solidaria (PBS), hoy de $ 82.058 mensuales, que pueden recibir mujeres y hombres desde los 65 años y que pertenezcan al 60% más pobre.

Igual evaluación se considera sobre el impacto que ha tenido en los pensionados del sistema privado el Aporte Previsional Solidario (APS). Este consiste en un complemento a cargo del Fisco para elevar, en forma gradual, las pensiones privadas menores a $ 279.427 brutos y también lo reciben los jubilados de hasta el 60% más pobre.

Todos estos pensionados, sin embargo, deben recibir APS, el que eleva las jubilaciones a un promedio de $ 205.110 al mes, según la Superintendencia de Pensiones.