Los supuestos pagos irregulares que habría recibido Pablo Wagner (UDI) provenientes del Grupo Penta mientras se desempeñaba como subsecretario de Minería del gobierno de Sebastián Piñera llevaron a que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) resolviera querellarse en su contra por el delito de cohecho.

La decisión del organismo se adoptó el pasado jueves durante una sesión del comité penal. En dicha instancia se conocieron parte de los antecedentes que el fiscal Carlos Gajardo posee contra el otrora funcionario de gobierno.

Los supuestos pagos irregulares que el Grupo Penta habría realizado a Wagner se habrían concretado entre 2010 y 2011, en momentos en que éste ya había asumido sus funciones como subsecretario. En total, Wagner -quien había trabajado 12 años para el grupo dirigido por Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto  Délano- habría recibido pagos cercanos a los $ 3 millones cada dos meses, lo que le habría significado obtener casi $ 42 millones de forma paralela a su función pública, según la querella del CDE.

Consultado al respecto, el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Ignacio Piña, confirmó la presentación de la acción judicial. "El CDE, luego de haber revisado los antecedentes que había recibido del fiscal Carlos Gajardo, decidió interponer una querella por cohecho contra el ex subsecretario Pablo Wagner. Esa querella se presentó ayer (viernes) y tiene las limitaciones que se tienen en una investigación que todavía mantiene un carácter de reservado", explicó la autoridad.

Según dijo Piña "el CDE cumple con sus obligaciones legales, y en el marco de ellas, cuando intervienen funcionarios públicos en estos eventuales delitos se legitima activamente para intervenir y eso es lo que está haciendo". Piña agregó que "los pagos existirían entre los años 2010 y 2011 mientras era subsecretario".  El libelo también se extiende a todos quienes resulten responsables.

Wagner declaró ante Gajardo la última semana de octubre en el marco de la reservada investigación que la Fiscalía de Alta Complejidad de la zona Oriente desarrolla por los supuestos aportes irregulares que el Grupo Penta habría efectuado a campañas políticas. En dicha oportunidad, el ex subsecretario se acogió a su derecho de guardar silencio.

Ayer el abogado de Wagner, Gonzalo Medina, aseguró a  La Tercera que su representado "no ha tenido intervenciones o ha influido en su cargo de subsecretario, directa o indirectamente con el Grupo Penta o la familia Délano". Agregó que el ex funcionario del gobierno de Piñera "nunca ha tenido un comportamiento indebido, por lo tanto, aquí no se configura el delito que señala el Consejo de Defensa del Estado" .

Wagner no contestó los llamados telefónicos de este diario. El pasado 31 de octubre, cuando trascendieron públicamente los supuestos pagos de Penta, la ex autoridad dijo a La Tercera, que "mientras fui subsecretario sólo me dediqué a las labores propias de mi cargo. Nunca presté servicios a empresas Penta, a empresas de la familia Délano, ni a cualquier otra empresa en ese período. Tampoco las sociedades que usted menciona prestaron servicios a empresas privadas en ese lapso".

No es la primera vez que el personero UDI enfrenta una polémica. En octubre de 2012 el entonces subsecretario debió presentar su renuncia tras el fracaso de la adjudicación a SQM de un contrato de explotación de litio.

De acreditarse la existencia del delito, Wagner arriesga penas que van de los 61 días a los tres años de cárcel.