En Chile hay entre 2.200 y 3.000 PEP (Politically Exposed Persons, o Personas Expuestas Políticamente). De éstos, unos 150 son extranjeros. Pero si se suman sus familiares, la cifra sube a 22.000. Todos están bajo el escrutinio diario del sistema financiero. Su alta exposición pública y el riesgo de que sus decisiones económicas impliquen actos de corrupción o tráfico de influencias obligan a la banca y a otros 35 sectores a darles un tratamiento especial, que considera mayores exigencias de información y la obligación de reportar al Estado las transacciones susceptibles de configurar maniobras ilegales.

No siempre fue así. En 2012, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) evacuó la circular Nº 49, definiendo -a grandes rasgos- quiénes serían las PEP de Chile. Con ello, el país se puso en línea con las regulaciones globales, que buscan evitar -o al menos hacer más difícil- que quienes ostentan poder o una cuota de éste aprovechen sus privilegios para cometer ilícitos.

La definición de PEP considera, además del mismo político, a su cónyuge y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad (abuelos, padres, hijos, hermanos, nietos, etc.), afines (cuñados) y, en algunos casos, hasta sus socios. Pero como se trata de una categorización tan amplia, hoy nadie en el mercado se atreve a afirmar con precisión absoluta cuántos realmente hay. La banca y las corredoras de Bolsa identifican entre 2.200 y 3.000 "puros", pero si se añaden los familiares, la cifra sube a los 22 mil.

Claro que, dependiendo del celo de cada institución financiera, la lista se expande. Y puede hacerlo tanto como las políticas de control de riesgo de cada entidad lo determinen. Mientras algunas, por ejemplo, no consideran PEP a un ex cónyuge, otras sí. Lo mismo pasa con los hijos de sobrinos, por ejemplo. "Todo depende de la relación comercial que exista", explicitan en la banca.

RIEGO REPUTACIONAL

Pero, ¿cómo tanto? "Una PEP siempre es sinónimo de riesgo para una institución financiera", aclara un ejecutivo de Compliance de un banco nacional. Y, por lo mismo, hay entidades como Santander e Itaú, por ejemplo, que se niegan a operar con éstos, porque sus actuaciones o las de su entorno pueden dañar la reputación de la institución.

Si una entidad no supervisa bien a estas personas, corre el riesgo de terminar en la justicia, si se descubre su omisión, o enfrentando un daño reputacional, como el del Banco de Chile, tras el polémico crédito a Caval S.A., la empresa de Natalia Compagnon, esposa de Sebastián Dávalos Bachelet.

Caval obtuvo un crédito por $ 6.500 millones en el Chile para comprar terrenos en Machalí, VI Región. El préstamo fue solicitado en plena campaña electoral, durante una reunión en la que participaron uno de los dueños del banco, el empresario Andrónico Luksic, y los solicitantes del préstamo.

En general, explican en el mercado, las instituciones financieras con operaciones o casas matrices en países desarrollados prefieren no tratar con PEP. Salvo algunas entidades que aceptan el riesgo, pero a través de su banca privada, mucho más exclusiva y discreta.

"DEMOCRATIZACIÓN"

La legislación chilena e internacional utiliza la denominación de PEP para referirse a todo tipo de personalidades que desempeñan cargos con responsabilidad política. Incluso, en algunos países se incluye a personajes del cine y la TV, debido a la entramada extensión de relaciones en las familias más ricas e influyentes.

Si bien el término se creó para cercar a dictadores, traficantes y terroristas que aprovechaban las ventajas de la globalización para lavar dinero, su contenido se ha ido ampliando y "democratizando". Hoy día existen entidades que consideran PEP a los concejales de localidades pequeñas, hijos ilegítimos y hasta familiares de los socios comerciales de estas personas. Y con la reciente aprobación del Acuerdo de Unión Civil (AUC), que crea el nuevo estado civil de "conviviente", los expertos estiman que la lista se engrosará aún más (ver recuadro).

"La identificación de PEP ya lleva varios años, y como dice el refrán, "hecha la ley, hecha la trampa", quizás llegó el momento de avanzar en nuevos y más efectivos controles que no obstaculicen el desarrollo normal de la economía. Por eso, las bases de datos con personas catalogadas como PEP debieran actualizarse constantemente", dice el experto en litigios y consultoría en investigación de la multinacional FTI Consulting, Diego Cano, responsable de la oficina en Argentina.

La ley chilena determina que una PEP sólo pierde esa condición pasado un año del término de su cargo.

La lista de personajes sujetos a control parte con la jefatura de Estado y se descuelga por todos los altos cargos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. También entran los superintendentes, consejeros del Banco Central, alto personal militar y los directores de las empresas públicas, entre otros. Además de los familiares y personas allegadas de todos ellos. Los empleados de niveles intermedios están excluidos.

Sin embargo, varios ejecutivos del sistema financiero opinan que es necesario incluir a las redes de los políticos y sus personas de íntima confianza en la misma cesta. Porque si bien Chile está por detrás de los países de su entorno (salvo Uruguay) en la lista de Transparencia Internacional sobre corrupción, lo mejor es prevenir, dicen.

CARPETAS DE COLORES

En Chile, todo el sistema financiero y parte importante del no financiero está obligado a chequear si la persona con la que está por iniciar una relación comercial o ya la tiene es PEP. Es obligación de cada entidad financiera vigilarla mientras el vínculo se mantenga.

En jerga legal se les llama "sujetos obligados" y son aproximadamente 4.500 entidades, que abarcan a 36 sectores económicos: bancos, corredoras de Bolsa, aseguradoras, automotoras, notarías, entre otros. Su obligación es registrar cualquier operación en que uno de estos especiales clientes se vea involucrado y, si ven conductas sospechosas, informar sobre el posible delito a la UAF para que active una investigación.

La vigilancia exige inquirir sobre el origen preciso de los fondos y el destino de los mismos. Por eso, cada PEP debe completar una declaración jurada antes de poder operar normalmente con alguna de estas instituciones. Se trata de un formulario llamado "Declaración de Personas Expuestas Políticamente", donde se les exige completar en forma obligatoria los antecedentes.

Además, deben documentar cómo consiguieron sus ingresos: sueldos, platas ocasionales o periódicas, lo que declararon al SII, activos, pasivos, sociedades, etc. Lo que se busca es evitar que la legalidad les ayude a esconder sus fortunas, evadir impuestos, o incluso encubrir negocios opacos. Por ello, las entidades financieras deben monitorear cualquier operación que se salga de norma, según la remuneración y patrimonio habitual del sujeto. "El banco no puede desconocer a las personas implicadas. Por ello se exige que siempre determine quién es el beneficiario real de una operación", explica el gerente de Compliance de una entidad financiera.

Por eso, las instituciones están obligadas a tener a mano toda la documentación de una PEP. Generalmente las mantiene en carpetas separadas, con otro color o identificación, y su archivo también es diferente. Además, conservan todo ese material por más de cinco años, en promedio.

En todo caso, aquí el criterio es variable clave: "No tiene sentido investigar a todo el mundo, pero si una PEP o cercano aparece de pronto con cinco autos de lujo, claro que habrá que alertar", especifican en un banco de inversiones.

REFORZAR CONTROLES

Cada institución financiera vigila a las PEP a través de sus departamentos de Cumplimiento, o "Compliance", cuyo tamaño y procedimientos varían en cada entidad. Mientras algunas poseen equipos con más de seis profesionales, entre abogados, contadores e ingenieros comerciales, otras sólo tienen tres personas. "Respecto a los clientes PEP, la Corporación Bci realiza una debida diligencia ampliada para el conocimiento del cliente", explicó la institución.

Tan diversos como el tamaño de los departamentos son sus protocolos. Mientras algunos bancos y corredoras han definido que las PEP deben ser tratadas como sujetos tan especiales que sus operaciones deben ser visadas por la alta gerencia, otras añaden que deben pasar por un comité donde haya al menos un director.

De hecho, en el sistema financiero se comentó y debatió mucho durante estas últimas dos semanas sobre la necesidad de reforzar los controles, a raíz del caso Dávalos. Se decía incluso que el Banco de Chile analizaría esta situación en uno de sus próximos directorios en marzo, pero esta versión no fue confirmada por la entidad.

SE VENDEN DATOS

Todo esto ha hecho necesario que cierto tipo de empresas se especialicen en la elaboración de listados de PEP y los hagan accesibles, previo pago de una suscripción, eso sí. Actualmente, hay sólo dos firmas que ofrecen este servicio en Chile, y hay varias más en el mundo cuyas consultas suponen una suscripción mensual que ronda los US$ 2 mil y un costo de instalación o membresía cercano a los US$ 30 mil.

Las listas chilenas de PEP, según ha podido comprobar este diario, no se construyen sólo con la información básica que aparece en las páginas web de las reparticiones públicas, sino que además se cruzan otras fuentes, como los boletines comerciales, el Registro Civil y hasta información de la prensa. De hecho, en las pantallas con información de estos personajes se despliegan "alertas" de diferente tipo, como un fallo judicial, por ejemplo.

Dichas empresas disponen de un listado de personalidades políticas, de sus familiares y entorno que, en algunos casos, superan los 70 mil nombres y mantiene personal para actualizarlos semanalmente.

En Chile, quienes proveen este servicio son Sinacofi y Handel. El gerente general de esta última compañía, Pedro Rojas, reconoce que también utilizan su propio criterio para incluir a un ciudadano en el listado. Su servicio funciona desde 2004, tras hacer un proyecto en Estados Unidos, donde desarrolló un modelo de negocio de envíos de dinero, que como condición debía cumplir con un modelo de prevención de lavado de activos, ya que debía ser aprobado por la FED y el OCC, los reguladores norteamericanos. Como todo salió bien y Chile comenzaba a adoptar estas normas, se le ocurrió iniciar aquí un negocio de la información.

"Las instituciones financieras tienen miles de clientes y no es posible detectar cambios de riesgo en su cartera si no es a través de un sistema que revise diariamente ese riesgo, en base a la verificación de identidad sobre bases de datos de sancionados y PEP, que les permita identificar estos cambios de riesgo y tomar las acciones que la ley les pide", explica el empresario.

Rojas añade que toda la información del sistema, llamado Compliance Tracker, es pública, de diversas fuentes, y que en su gran mayoría "proviene de internet, donde no se vulnera la ley de datos personales, partiendo de la base de que la información viene de fuentes públicas".

Añade que con el fin de entregar información completa y al día, desarrollaron robots capaces de revisar miles de páginas web para ir "indicando los cambios que surgen, de manera de ir ingresando nuevos registros o actualizando registros existentes", concluye.