Pequeños ahorristas argentinos perjudicados por la masiva cesación de pagos del país sudamericano en 2002 alientan esperanzas tras una década de batalla judicial, luego de fallos favorables en Estados Unidos.

Desde que el juez Thomas Griesa ordenó la semana pasada que Argentina desembolse hasta el 15 de diciembre US$ 1.330 millones para garantizar pagos a acreedores que no quisieron participar en dos canjes de deuda impaga, para evitar sufrir duras quitas, muchos ahorristas confían en que la larga espera que comenzó hace 10 años esté más cerca de acabar.

Entre los litigantes hay ancianos y otros que han fallecido, pero algunos demandantes como Horacio Vázquez, un ingeniero de 56 años, piensan que el momento de un resarcimiento se aproxima, pese a que el fallo de Griesa fue suspendido el miércoles por una corte, que escuchará a las partes en conflicto hasta el 27 de febrero.

"Es la primera vez que tengo esperanzas en serio que Argentina se siente a negociar de buena fe. Nuestra única opción era la justicia norteamericana", dijo Vázquez, que compró en el 2000, bonos argentinos emitidos bajo legislación neoyorquina por unos US$70.000.

La sentencia de Griesa sacudió al Gobierno de la presidenta Cristina Fernández, ya que el magistrado dictaminó que si el país no acataba la orden judicial echaría mano a los pagos por unos US$ 3.100 millones que debe realizar en diciembre para cumplir con los bonos reestructurados.

La suspensión de la corte evitó así la posibilidad inmediata de un incumplimiento técnico de la deuda soberana argentina, ya que el dinero enviado para el pago regular pudo haber sido dividido entre más acreedores, lo que hubiese dejado en el limbo a títulos reestructurados por unos US$24.000 millones.

La corte de apelaciones que trata el caso ya se expidió en octubre afirmando que Argentina discriminó de forma impropia a tenedores de bonos que se negaron a participar en sus reestructuraciones de deuda soberana impaga en 2005 y 2010.