Fue el juez federal James Robart, del tribunal por el estado de Washington, el que encendió la polémica. El viernes, el magistrado suspendió a nivel nacional el veto impuesto por el Presidente Donald Trump que prohíbe el ingreso de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana (Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen). Y el domingo, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito negó la petición del Departamento de Justicia de restablecer el decreto.
Con base en San Francisco, California, el Noveno Circuito es, dentro de las 13 Cortes de Apelaciones, la más grande de Estados Unidos, con 29 jueces. Abarca los estados de Alaska, Arizona, California, Idaho, Hawai, Montana, Nevada, Oregon y Washington, así como territorios del Pacífico, Guam y las Islas Marianas del Norte. Según la revista The Atlantic, cuando el Congreso creó la corte en 1891, su territorio estaba habitado por un 4% de la población. Ahora, más del 20% de los estadounidenses vive dentro de su jurisdicción.
Algunos tribunales de apelaciones tienen asignados casos a un panel, elegidos de forma aleatoria, los que toman una decisión. Fue un panel de tres jueces de ese circuito los que rechazaron el recurso de Trump.
La decisión del panel no determinó sin embargo, si la orden es inconstitucional. Eso lo deberá ver luego de que la apelación y el gobierno presenten sus argumentos, para lo cual tenían plazo hasta ayer. La corte decidirá luego -se estima que durante la semana-, si la orden de negar el veto es válida o no. Si Trump pierde, la siguiente parada seguramente será la Corte Suprema. Si allí existe un empate entre los ocho miembros, -el último integrante nominado por Trump aún no ha sido confirmado-, la decisión del Noveno Circuito prevalecerá.
La del Noveno Circuito es vista como la más liberal de las Cortes de Apelaciones federales. Algunos republicanos han presionado para que se divida y se cree un nuevo circuito, debido a sus sentencias y a que muchos de sus miembros han sido nombrados por Presidentes demócratas.
En los últimos años, Arizona ha sufrido una serie de derrotas legales en el Noveno Circuito. El tribunal se declaró en contra del estado el Gran Cañón sobre algunas secciones de una controvertida ley de inmigración, conocida como "ley de odio", que entre otras cosas, tipifica como delito menor que un extranjero esté en el estado sin llevar documentos. Además, condenó una política que negaba licencias de conducir a personas que ingresaron al país ilegalmente cuando eran niños, y rechazó la idea de prohibir los beneficios de salud para parejas homosexuales de empleos estatales. Asimismo, impugnó las restricciones de medicamentos contra el aborto, entre otros.
