El perjuicio fiscal del caso Penta, por el financiamiento ilegal de la política, superó en $ 841.970.389 lo causado por el caso SQM, si bien el número de querellas fue superior en el segundo caso, alcanzando 18 acciones penales impulsadas por el Servicio de Impuestos Internos (SII), sobre las 16 ligadas a Penta (ver tabla).
Con esto, la información desagregada de los datos presentados el miércoles por el director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, ante la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, apunta a exhibir números similares frente a los ilícitos de ambas empresas, donde por ejemplo, se reconoce que Penta fue objeto de 3 denuncias, frente a 2 realizadas contra SQM. Por otra parte, las sanciones pecuniarias ligadas a ambos casos sumaron cuatro en ambas situaciones. En cuanto al número de querellados, el caso Penta alcanzó a totalizar 69, mientras SQM llegó a 62.
Tomando en cuenta el número de documentos tributarios utilizados para cometer los ilícitos, el caso SQM llegó a 1.495, a través de 253 emisiones, en tanto en Penta se reconocieron 2.205 documentos tributarios, en base a 149 emisiones.
En tanto, respecto a los documentos tributarios utilizados, el caso Penta abarcó el 48,11% del total, mientras que SQM significó un 32,62%. Es decir, todo el resto de casos de financiamiento ilegal de la política sumaron un 19,3%.
Dichos "imprudentes"
El director del SII cuestionó ayer las declaraciones del fiscal Carlos Gajardo, quien a través de Twitter volvió a criticar el proceder de la institución, señalando que el "SII fiscalizó x años a Penta, SQM y Corpesca. NUNCA descubrió que sus declaraciones de impuestos eran falsas".
Ante esto, Barraza remarcó que "me parecen imprudentes sus dichos (...) no corresponde que un funcionario público esté criticando las acciones que en derecho y en uso de sus facultades legales efectúa otro servicio público. Nuestros funcionarios no lo hacen". Además, el director reiteró que "nos parece extraño pretender tener más facultades de querellarse (de parte del Ministerio Público), suponiendo que es para hacer más querellas, cuando hay un stock del cual aún no puede hacerse cargo". Esto, relativo a la moción parlamentaria que busca quitar al SII la facultad de presentar querellas por delitos tributarios. Así, Barraza reafirmó que 73,2% de los casos donde se han querellado no han sido recogidos por el Ministerio Público, causas cuyo perjuicio fiscal alcanza los $ 62.656 mil millones. Con todo, el titular del SII aseguró que en la legislación comparada prevalece el actual esquema usado en Chile, dado que permite una mayor recaudación tributaria.
