Tras el fallo de La Haya que le concedió a Nicaragua un sector de mar en el que Colombia ha ejercido soberanía, los pescadores de la isla de Providencia tiene miedo de salir a sus faenas al mar Caribe.

Esto, porque dos de los siete cayos que fueron ratificados para los colombianos por parte la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Serrana y Quitasueño, quedaron en aguas concedidas a Managua, lo que es catalogado por el gobierno de Bogotá como una "contradicción".

Según autoridades de Providencia, los nativos que se dedican a la pesca artesanal sienten temor de dirigirse a esos cayos porque necesariamente tienen que navegar por aguas nicaragüenses, aunque la Armada colombiana asegura que los protegerá.

"Los más afectados son los pescadores de Providencia, quienes salen casi a diario hacia Quitasueño. Para ellos es inadmisible tener que pasar por aguas nicaragüenses para tener que llegar a un cayo donde pescaban todos los días", dijo al diario económico Portafolio la secretaria de Agricultura y Pesca de la Gobernación del archipiélago, Marcela Jsogreen.

La gerente de la Pesquera Providencia, Indira Jaque, dijo que la determinación de la CIJ puede llevar a la quiebra a su empresa, que agrupa a 70 pescadores. "Dicen que salgamos, pero siempre ha habido problemas con los guardacostas nicaragüenses porque maltratan a los isleños y no puedo exponerlos a eso", expresó Jaque.

La gobernadora del archipiélago, Aury Guerrero Bowie, declaró que los pescadores deben seguir sus actividades en ese sector donde históricamente Colombia ha ejercido soberanía hasta que el gobierno de Santos anuncie la decisión que tomará frente al fallo.

La secretaria Jsogreen dijo a "Portafolio" que si los pescadores definitivamente tienen que dejar de trabajar en ese sector, las pérdidas pueden llegar en un año a 12.000 millones de pesos (6,6 millones de dólares) solamente en el caso de la pesca de langosta para exportación.

POSICION FIRME
El gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha destacado la ratificación de la soberanía colombiana sobre las islas y los cayos, pero rechazado la determinación en torno a los límites, con el argumento de que desconoce principios del derecho internacional sobre la plataforma continental y la zona económica exclusiva.

Santos acusó a la CIJ de incurrir en "omisiones, errores, excesos e inconsistencias", al tiempo que la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, afirmó que el gobierno tomará una decisión final tras estudiar "a fondo" el fallo.

El ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010) aconsejó a Santos que desacate la sentencia, mientras que los ex mandatarios Belisario Betancur (1982-1986) y Ernesto Samper (1994-1998) han afirmado que se debe aceptar porque las decisiones de la CIJ son inapelables.

Algunos congresistas que forman parte junto con ex jefes de Estado y ex cancilleres de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores han recomendado al gobierno que pida al tribunal una aclaración del fallo.

La canciller Holguín dijo este miércoles que hablará con autoridades nicaragüenses para llegar a un acuerdo en el caso de los pescadores.

Holguín también comentó que su país no se resignará ante el fallo y estudia alternativas para contrarrestar sus efectos, entre ellas el retiro de Colombia del Pacto de Bogotá, firmado en 1948 para aceptar la jurisdicción de la CIJ.