A pesar de las amenazas de cierre hechas por los dueños de colegios particulares subvencionados, producto de las nuevas disposiciones de la ley de inclusión, hay sostenedores que se atrevieron a abrir nuevos establecimientos. Según datos del Ministerio de Educación (Mineduc) este año se abrieron 133 nuevos colegios de este tipo.

Si bien las cifras muestran una baja en este índice en los últimos años (184 en 2013 y 159 en 2014), el jefe de la División de Educación General del Mineduc, Gonzalo Muñoz, explicó que "la apertura de establecimientos depende de múltiples factores, por lo que mientras no contemos con series de tiempo que efectivamente permitan hablar de una tendencia, es difícil realizar una lectura definitiva".

Muñoz añadió que tener un sistema escolar con menos aperturas y cierres, más estable, "es una señal saludable y mucho más respetuosa con nuestros niños, niñas y jóvenes. En nuestro país el principal desafío es mejorar la calidad de las escuelas y liceos que tenemos".

Para el presidente de la asociación de sostenedores de colegios particulares subvencionados, Hernán Herrera, la cantidad de solicitudes para abrir establecimientos de este tipo puede deberse a que "esa gente venía de antes con la decisión de constituir un colegio, por lo tanto, ya tiene que haber hecho inversiones, estar comprometido con la banca y continuar con el proceso, ajeno a lo que fue la aprobación de la ley".

También, dijo, "puede ser que esos sostenedores pensaron 'constituyo el colegio ahora, me dan el reconocimiento y no me condicionan a lo que establece la ley hacia adelante respecto de que si no hay otro proyecto educativo similar en la zona'".

El investigador del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación (Ceppe), Alejandro Carrasco, sostuvo que los colegios que abrieron en 2015 tomaron la decisión de hacerlo muchísimo antes que la ley estuviese promulgada. Sin embargo, "dado que el aumento de barreras de entrada para ser sostenedor comenzó con cambios en la LGE en 2009, y que podía vislumbrase un cambio en las reglas del juego, que aún bajo ese escenario de cambio se abran colegios expresa que hay sostenedores interesados genuinamente en ingresar al sector educacional para educar a nuestros niños y no para otros fines".

Además, indicó que las nuevas reglas del juego -que trae la ley de inclusión- "no acabarán con los particulares subvencionados, es decir con nuestro sistema mixto, sino que ayudarán a observar qué sostenedores tienen intereses educacionales genuinos".

Gonzalo Muñoz, en tanto, explicó que para abrir un colegio la normativa vigente establece un conjunto amplio de requisitos, que van desde presentar un proyecto educativo hasta contar con los estándares de infraestructura que ha definido el Mineduc. Subrayó que "la ley de inclusión permitirá que la creación de nuevos establecimientos efectivamente responda a una necesidad que justifique dicha inversión pública, para lo cual se deberá probar la existencia de demanda por matrícula o que no exista un proyecto educativo similar en el territorio".

MUNICIPALES

En el sector municipal la tendencia en los últimos 10 años ha sido la pérdida sostenida de matrícula (566.737 alumnos entre 2003 y 2013). Sin embargo, en 2015 el Mineduc registra la apertura de ocho establecimientos. En tanto, se cerraron 18 colegios públicos.

El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcalde de Maipú, Christian Vittori, estima que si bien la situación es preocupante, considera que haber pasado del cierre de 25 colegios en 2014 a 18 en 2015 es una señal de que "al menos tenemos una contención".

El jefe comunal planteó que se debe definir si este menor número de cierres es producto de las mejoras que ha traído la agenda inmediata de fortalecimiento de la educación pública. "Si esto es efectivo, demostraría que hay que poner más eficiencia y más recursos", afirmó.

Respecto de los establecimientos públicos que se abren, el jefe de Educación General del Mineduc destacó que "esto confirma que la educación pública es una alternativa válida y valorada por muchas familias. Es por esto mismo que el trabajo de nuestro Gobierno se seguirá concentrando en mejorar la calidad de la educación pública, con una agenda corta ya en curso y con un cambio institucional que permitirá recuperarla definitivamente en el largo plazo".