Casos de corrupción y presunto nepotismo salpicaron hoy a la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), presidida por Carlos Villegas, ex ministro de Planificación del Desarrollo y de Energía e Hidrocarburos del gobierno de Evo Morales.
Tres mujeres y un hombre fueron enviados hoy a la cárcel por la jueza Cinthia Delgadillo, y otro está bajo arresto domiciliario; todos investigados por beneficiarse de 563.155,48 dólares, a través de cuatro agencias de publicidad, protocolo y prensa.
Las cinco personas son investigadas por el Ministerio Público por "los delitos de uso indebido de influencia, enriquecimiento ilícito, incumplimiento de deberes, asociaciones delictuosas, cohecho activo y pasivo".
La red de corrupción tenía nexos con la petrolera estatal de Bolivia, YPFB Transporte y Chaco.
La presunta cabecilla era la jefa de prensa y relaciones públicas que en el período 2006-2010 trabajó junto al ex ministro Carlos Villegas.
La mujer, por otra parte, acusó a Villegas de acoso sexual; aspecto desmentido por el presidente interino de YPFB. "La señora podía entre 2010-2014 hacer denuncias, nunca lo hizo", respondió.
También trascendió hoy que la hermana y una sobrina de Carlos Villegas fueron favorecidas con contratos de trabajo de la petrolera YPFB.
Villegas no respondió sobre esta denuncia de nepotismo, sin embargo se confirmó que su esposa trabaja hace tres años como jefa de gabinete del ministro de Culturas, Pablo Groux.
Los detenidos por la red de corrupción denunciaron que la esposa de Villegas logró la suscripción de un convenio para que YPFB colabore económicamente al ministerio de Culturas.
El ministro Groux admitió que YPFB entregó 937.000 bolivianos (135.000 dólares) para que el artista plástico Gastón Ugalde haga un mural dedicado a la nacionalización de hidrocarburos, obra que se luce en la planta de gas de Senkata, afueras de La Paz.
La petrolera boliviana sufrió varios casos de corrupción en los últimos nueve años, el más complejo fue el asesinato de un empresario en un atraco en el centro de La Paz, delito que provocó la destitución y posterior encarcelamiento de Santos Ramírez, ex presidente de la estatal YPFB.
El hombre asesinado en 2009 estaba vinculado a una empresa extranjera que construía una planta de gas para YPFB en el departamento boliviano de Santa Cruz.
