La Procuraduría Anticorrupción de Perú pidió a la Fiscalía de la Nación que declare nulo un informe financiero que determinó que no existen pruebas para acusar al expresidente Alan García por un presunto enriquecimiento ilícito.

La impugnación al informe se presentó después de que medios locales aseguraran esta semana que uno de los dos peritos que analizó los ingresos del ex gobernante (1985-1990 y 2006-2011) es militante del Partido Aprista Peruano (PAP), que preside García.

El procurador anticorrupción adjunto, Cristian Salas, declaró a la agencia oficial Andina que se ha pedido dejar sin efecto la disposición fiscal que declaró "no ha lugar" una posible denuncia constitucional contra García por la presunta comisión del delito contra la administración pública y enriquecimiento ilícito en agravio del Estado.

Precisó que en marzo pasado la Procuraduría pidió que la investigación fiscal fuera enviada a la comisión parlamentaria que investiga presuntas irregularidades durante el segundo Gobierno de García, pero ese pedido fue rechazado.

Añadió que igual suerte tuvo el pedido que se hizo para que se amplíen el levantamiento del secreto bancario, la reserva tributaria y la reserva bursátil de García y de una empresa a la que presuntamente está vinculado.

El pedido tuvo en cuenta, acotó Salas, una resolución del Tribunal Constitucional que ordena a la Fiscalía de la Nación que se emita una nueva decisión.

El fiscal de la Nación, José Peláez, informó el pasado martes que se archivaba la investigación contra García tras descartar "la existencia de un desbalance de patrimonio" luego de diez meses de pesquisas en las que, según dijo, se levantó su secreto bancario, así como la reserva tributaria y bursátil, tanto en Perú como en Francia.

La investigación se abrió en febrero pasado, tras conocerse que García había comprado una casa en el distrito limeño de Miraflores por 830.000 dólares.

El ex mandatario explicó en ese momento que hizo la adquisición con dinero obtenido con su trabajo como "académico, intelectual y escritor" y con un crédito bancario.

Tras conocerse esa decisión, García afirmó que ha entregado su vida a su país "con aciertos y errores, pero sin ningún interés material".

La Fiscalía mantiene en curso la investigación del caso de decenas de indultos otorgados a sentenciados por narcotráfico en el segundo Gobierno de García y, según Peláez, aún no se evalúa el pedido de la Procuraduría Anticorrupción de incluir al ex presidente en las pesquisas.