Acompañada de una de las víctimas de la red de prostitución infantil que operaba en Valparaíso, llegó al Congreso la diputada PPD Laura Soto, donde denunció que un conocido fiscal de la Quinta Región estaría involucrado en el caso, endosándole una responsabilidad similar a la de seis funcionarios activos de la Policía de Investigaciones.
Según aseguró se trataría del fiscal José Uribe quien investigó y obtuvo una condena para Carlos Parra Ruz, dueño de los prostíbulos donde trabajaban las menores. Ante esta denuncia, el fiscal preferente del caso, Pablo Avendaño, confirmó la existencia de un sumario.
"El fiscal José Uribe fue el que precisamente condenó a Parra Ruz a 8 años de presidio efectivo y sin las víctimas,. Entiendo que esta investigación la lleva desde hace dos meses un fiscal de la Cuarta Región, que entiendo es cuando aparecieron las primeras denuncias" dijo Avendaño.
En tanto, el abogado de DDHH, Hugo Gutiérrez, aseguró que una unidad de la Armada encubrió el abuso de menores de estos locales por parte de efectivos extranjeros que participaron de la operación Unitas, en 2007.
PRESENTAN PROYECTO PARA ASEGURAR IMPARCIALIDAD EN INDAGATORIA
Los diputados DC Gabriel Silber, Mario Venegas, Sergio Ojeda y Patricio Vallespín, ingresaron este jueves un proyecto de ley que, en lo medular, obliga al Ministerio Público a pedir las diligencias propias de la investigación a la otra rama, cuando los indagados sean Carabineros o miembros de la Policía de Investigaciones.
Lo anterior, explicó Silber, "en busca de una mayor eficiencia y transparencia, evitando que puedan darse situaciones que signifiquen obstrucción de la justicia, ya que la imparcialidad debe ser una garantía esencial".
Sobre los hechos detectados en la PDI, el parlamentario agregó que "nos parece inquietante y lesivo que funcionarios de las policías se vean implicados en la comisión de delitos, lo que además inquieta, toda vez que ellos son precisamente los llamados a perseguir a los delincuentes de acuerdo a las instrucciones de los fiscales".
