El Presidente de la República, Sebastián Piñera, me ha impartido en forma clara su voluntad de que se conforme una comisión para que elabore un nuevo Código Penal". Este fue el anuncio que efectuó ayer el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, sobre el nuevo eje de reformas legales que impulsará el gobierno.
Este cuerpo legal, en el que se establecen las penas de los delitos, fue creado en 1874 y ha estado vigente por 138 años. Según antecedentes que maneja la cartera, desde 1990 hasta ahora se han presentado más de 500 mociones al Congreso con la intención de modificar el cuerpo legal de una manera extensiva o en temas particulares. De ese total, sólo 50 se han convertido en ley.
El último intento de crear otro código fue durante el gobierno de Ricardo Lagos, cuando se creó una comisión de estudio para determinar modificaciones.
La creación de esta comisión fue dada a conocer ayer por el Presidente Piñera durante el almuerzo que sostuvo con los máximos jefes policiales; el fiscal nacional, Sabas Chahuán; el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros; el defensor nacional, Gregory Shubert, y la presidenta del Colegio de Abogados, Olga Feliú.
"El Presidente delante de los principales actores del sistema procesal penal le formalizó al Ministerio de Justicia que iniciara las labores necesarias para conformar una comisión que se abocará a la elaboración de un proyecto de ley sobre un nuevo Código Penal en Chile", dijo Ribera a La Tercera.
La intención del gobierno es actualizar el cuerpo legal respecto de las penas de delitos. Actualmente, tiene leyes en desuso, como la penalización del robo de gallinas, no entregar la basura, bañarse desnudo o tener maceteros en ventanas (ver listado).
"Se trata de un código parchado y muy antiguo. No tiene una plena coherencia en la valoración de distintos tipos penales. Hoy, existen desproporciones en los tipos penales. Un código penal representa las sanciones que la sociedad les da a las distintas conductas y atribuye un desvalor. Esto conlleva a una discusión sobre los desvalores que la sociedad actual otorga. Es otra obra maciza que nos tocará realizar", explicó el ministro Ribera.
Durante los próximos días se firmará el decreto que ordena la creación de la comisión de los especialistas que analizarán las modificaciones. Una vez que se elaboren estas reformas a las penas y al cuerpo legal, se deberá discutir en el Parlamento por las comisiones de Legislación, Constitución y Justicia de ambas cámaras. Tras esto, la Corte Suprema deberá emitir un informe con sus opiniones respecto del tema y también deberá ser visado por el Tribunal Constitucional.
Este anuncio se enmarca en la serie de reformas que ha impulsado el gobierno, como las modificaciones al Código Procesal Penal a raíz de los cuestionamientos a las pruebas y el actuar de la fiscalía, policía y jueces, como en el caso bombas o el caso de un hombre que confesó el crimen de un barrista y fue dejado libre en dos ocasiones. Este encargo a Ribera se da luego de los acuerdos logrados entre las policías, fiscalía y jueces de que era necesario modificar el sistema.
Tras la reunión de ayer en La Moneda con las autoridades, Ribera indicó que existió acuerdo en que se debía mejorar la capacitación de las policías respecto de las primeras diligencias de investigación y la coordinación de estas con el Ministerio Público. "Las labores policiales deben ser realizadas con gran prontitud y respetando las normas. Se debe tratar de buscar metas conjuntas entre las policías y la fiscalía. No se trata sólo de obtener pruebas, sino que hacerlo debidamente", dijo.