Esta semana, representantes y defensores de los pueblos originarios llevaron a cabo protestas en la sureña ciudad de Puerto Montt y otros puntos del país para exigir la libertad de una treintena de presos mapuches, que permanecen en huelga de hambre desde hace tres semanas.

Las manifestaciones, que comenzaron el lunes, apoyan el reclamo de los huelguistas de que se deje de aplicar la ley antiterrorista, figura bajo la cual se detuvo a los indígenas, que fueron acusados de realizar ataques incendiarios en la región de la Araucanía.

Esa zona, ubicada a unos 600 kilómetros al sur de la capital, Santiago, es el epicentro de las comunidades mapuches que luchan por recuperar tierras ancestrales.

En 2009, la Araucanía fue escenario de violentos enfrentamientos entre las autoridades y activistas mapuches que tomaron predios agrícolas. Al menos un comunero falleció en los choques y varios efectivos resultaron heridos.

Desde entonces la región ha permanecido militarizada, otra de las cuestiones que rechazan los huelguistas y sus simpatizantes.

Según datos extraoficiales, el pueblo mapuche representa casi el 10% de la población chilena.

LEY POLEMICA
La ley antiterrorista fue sancionada por el régimen de Augusto Pinochet para perseguir a opositores políticos, pero los sucesivos gobiernos de la Concertación (1990-2010) la continuaron aplicando para ciertos crímenes en los que se considera que corre riesgo la seguridad del Estado.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea han criticado la aplicación de la ley, por considerar que permite perseguir y discriminar a miembros de la comunidad indígena.

Sin embargo, a fines de septiembre de 2009 el gobierno de Bachelet negó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que la ley se haya utilizado abusivamente contra los mapuches y otras etnias originarias.

El sociólogo chileno Tito Tricot, especialista en asuntos indígenas, le dijo a BBC Mundo que el reclamo mapuche es el único movimiento social juzgado bajo esta ley, que aumenta las penas de los condenados y otorga poderes especiales a los fiscales para realizar allanamientos, entre otros atributos.

Según Tricot, los crímenes de los que se acusa a los activistas aborígenes son delitos comunes y deberían estar legislados bajo la ley ordinaria.

"El uso de la ley antiterrorista tiene que ver con un racismo histórico del Estado chileno", señaló.

Por su parte la socióloga María Emilia Tijoux, de la Universidad Católica de Chile, consideró que la aplicación de esa ley "demuestra una clara intencionalidad política" del gobierno, y busca "colocarle a los mapuches la marca de delincuente-terrorista".

"Los mapuches son considerados el enemigo interno", aseguró.

MINISTERIO PROPIO
Fuentes del oficialismo rechazaron los reclamos indígenas y defendieron el uso de la ley polémica.

"Este Gobierno no va a aceptar este mecanismo de presión porque están pidiendo que los dejen libres por haber sido juzgados por actos de violencia y en algunos casos vinculados con conductas terroristas, de manera que el Estado no puede aceptar este tipo de presiones", dijo el senador de Renovación Nacional, Alberto Espina.

Por su parte, Víctor Pérez, secretario general de la Unión Demócrata Independiente (UDI), que forma parte de la coalición gobernante, pidió al presidente Piñera "mantener la mano dura contra los violentos en la zona".

Los expertos consultados por BBC Mundo consideraron probable que el gobierno actual, de derecha, mantenga e incluso endurezca su postura respecto al conflicto con los mapuches.

"Seguramente se aumente la militarización en la región de la Araucanía, aunque se hará de forma poco visible, quizás a través de nuevas tecnologías", sostuvo Tijoux.

No obstante, no descartaron que Piñera busque nuevas formas de alcanzar un acuerdo para poner fin a los enfrentamientos.

A fines de septiembre pasado Michelle Bachelet creó el Ministerio de Asuntos Indígenas y la Agencia de Desarrollo Indígena, dos organismos que hasta el momento no lograron destrabar el conflicto pero que han sido evaluados como un avance positivo.