Piñera y partidos de Chile Vamos toman distancia de acusación contra Fernández

Fue a las 9.30 horas de ayer que el ex presidente y abanderado presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, en la habitual reunión de coordinación política de los lunes, les planteó a los presidentes y secretarios generales de los partidos del bloque evaluar los argumentos que sustentan la acusación constitucional anunciada contra el ministro del Interior, Mario Fernández.

La presentación del libelo había sido anunciada la noche del viernes por parlamentarios de la UDI y RN, luego de que el gobierno decidiera levantar la calificación de "terrorista" de la querella contra cuatro comuneros mapuches, acusados de quemar una iglesia en La Araucanía y que se encontraban en huelga de hambre por más de cien días.

El sábado, el ex mandatario deslizó críticas a La Moneda, en línea con el contenido del libelo anunciado por los parlamentarios. "El gobierno está renunciando a aplicar una ley que la tienen todas las democracias del mundo para protegernos del terrorismo", dijo ese día Piñera.

Pero ayer en la mañana, en las reuniones de coordinación del comando con partidos y diputados del bloque, la acusación constitucional comenzó a ser analizada con mayor detención. Horas más tarde, los presidentes de los partidos -Jacqueline van Rysselberghe (UDI), Cristián Monckeberg (RN), Francisco Undurraga (Evópoli) y Alejandra Bravo (PRI)- marcaron distancia de la ofensiva, subrayando que la decisión debía ser tomada por los parlamentarios del bloque.

"Esta es una prerrogativa de las bancadas parlamentarias. Una acusación constitucional es un juicio y, por lo tanto, hay que evaluar los argumentos jurídicos que se van a presentar. Debe tener sustento jurídico y no solamente sustento político. Esto no es una interpelación, es una acusación constitucional", expresó ayer la senadora Van Rysselberghe.

"Hay una decisión tomada desde el punto de vista político, pero es evidente que también tiene que haber antecedentes jurídicos que la sustenten y que la hagan contundente, porque no vamos a presentar una acusación constitucional para ir a perder el tiempo", precisó el timonel de RN.

Por su parte, Piñera, en un seminario en CasaPiedra, también subrayó que la decisión es de los diputados. "En materia de una eventual acusación constitucional, eso es algo que tienen que resolver los diputados. A mí, más que la acusación, me preocupa que el gobierno siga dando muestras de debilidad y ambigüedad frente a un enemigo tan letal, tan despiadado como el terrorismo. Ojalá el ministro recapacite", afirmó.

En los partidos sostuvieron ayer que son los diputados de la zona los que han insistido en impulsar la medida, pero que al interior de las directivas y del comando existen dudas respecto a las consecuencias que podría traer esta acusación, que, según lo que se ha planificado, debería realizarse solo días antes de la elección presidencial y parlamentaria del 19 de noviembre.

El tema, de hecho, fue analizado ayer por la directiva de RN, quien invitó al abogado Pablo Celedón. Ahí se reforzó la idea de fundamentar jurídicamente la presentación, aunque también se planteó evaluar otros antecedentes, como por ejemplo, si el gobierno presentará una querella por ley antiterrorista tras la quema de un bus de Transantiago ocurrida ayer. Con todo, en la directiva aseguran que si los diputados deciden presentar la acusación, el partido los respaldará.

El tema fue objeto de análisis ayer en el comando de Piñera. Quien encabezó el debate fue el jefe de comunicaciones Gonzalo Cordero, quien -de manera excepcional- participó de las reuniones. Según comentaron asistentes, el abogado habría hecho una lista de "pros y contras" de una eventual presentación de la acusación. Entre los factores se analizó el sustento jurídico que dé luz verde al libelo; un eventual desvío de atención de la campaña presidencial y parlamentaria de los incumbentes y candidatos, sobre todo por la proximidad de la acusación con los comicios, además del riesgo de que se reste "independencia" a Piñera para "criticar" al gobierno, pues, si la ofensiva resulta desfavorable, el ex mandatario no quedaría en buen pie.

Asimismo, en el boque opositor han advertido que la ofensiva podría darle una causa al oficialismo para reforzar su unidad en medio de la campaña presidencial y parlamentaria. Además, existe conciencia de que por ahora no cuentan con los votos en el Congreso para garantizar la viabilidad de la acusación.

Así, según este análisis, el escenario de realizar la acusación constitucional podría impactar negativamente la candidatura de Piñera. Sin embargo, será hoy, en las reuniones de bancada de la UDI y RN, que los diputados tomen la decisión final.

Ayer, además, se conoció la encuesta Cadem, que reveló que un 54% cree que los delitos ocurridos en La Araucanía no deben ser juzgados bajo la Ley Antiterrorista.

En paralelo, el episodio que recordó la vocera de Gobierno, Paula Narváez, el domingo pasado, cuando en 2010 la administración Piñera retiró la aplicación de la Ley Antiterrorista en medio de una huelga de hambre de un grupo de comuneros mapuches, ayer también fue parte del análisis. Los presidentes de los partidos tuvieron que salir a explicar las similitudes de ambos episodios y el propio Piñera se refirió al hecho (ver recuadro).

Consultado sobre el eventual libelo en su contra, ayer el ministro del Interior dijo que no sabía qué fundamentos podían tener los diputados para realizar la ofensiva. Y sobre la acusación de no haber aplicado la ley en la zona, Fernández lo descartó y manifestó que se siguió el curso normal de un procedimiento penal.