La noche del miércoles, la jefa de Gestión Ciudadana de la Presidencia, Andrea Ojeda, presentaba su renuncia por haber firmado una carta en que, a nombre del Presidente Sebastián Piñera, declinaba la asistencia del Mandatario, pero valoraba la realización de un homenaje al ex Dina, brigadier Miguel Krassnoff. En paralelo, uno de los integrantes de la mesa UDI, Felipe Salaberry, se comunicaba con el alcalde gremialista de Providencia y -según la invitación al evento- convocante al acto, Cristián Labbé.
Coordinado con el timonel Juan Antonio Coloma, Salaberry pidió explicaciones al edil por su rol en el episodio y expresó la molestia del partido por exponerse a críticas públicas. Esto, dicen en el partido, en vista de que es una carta segura para buscar la reelección en las municipales y a sólo semanas de haber sido blanco de cuestionamientos por su decisión de desalojar algunos colegios de la comuna en plenas protestas estudiantiles.
Además, luego de que Labbé le dijera que no asistiría a la cita y que aparecía como convocante por un error de los organizadores, Salaberry le pidió hacer una aclaración pública sobre eso.
Sin embargo, en el texto divulgado por Labbé, el edil defiende la actividad, diciendo que le produce "asombro el revuelo" y las críticas a un acto basado en la "libertad de expresión".
Los dichos del edil tensionaron aún más el ambiente en Palacio, donde el ministro Andrés Chadwick ratificó la salida de Ojeda.
El ministro repudió enérgicamente cualquier manifestación que involucre celebrar a alguien que cumple con una condena judicial. "El gobierno condena, no participa, no respalda y menos incentiva homenajes a personas que están cumpliendo condenas, menos aún por violaciones a los DD.HH.".
El propio Mandatario ocupó su cuenta Twitter para enfatizar el repudio al escribir que rechazaba "cualquier manifestación de apoyo a condenados por los graves atropellos a los DD.HH.".
El ministro Laurence Golborne también crítico el acto, al que calificó de "extemporáneo".
Por la tarde de ayer, el vicepresidente UDI, Hernán Larraín, señaló que la mesa se reunirá para definir un "reproche" a Labbé. Según fuentes partidarias, si bien el rol del alcalde fue considerado un "error", la ponderación del peso electoral del edil es un punto a la hora de salir públicamente a repudiar el hecho.
Así, tanto Coloma como otros miembros de la mesa guardaron silencio ante el episodio. El ministro Chadwick, por su parte, aseguró que la UDI "comparte el repudio a este tipo de actos".
Sólo el timonel RN, Carlos Larraín, defendió el acto. Señaló que "los presos también pueden tener amigos" y apeló a la tolerancia.
Ante la polémica, la diputada RN por Providencia, Marcela Sabat, dijo que "estaría dispuesta a apoyar a Cristóbal Bellolio", figura independiente que ha surgido en los últimos meses.
En tanto, el diputado DC Jorge Burgos dijo que pidió a la Contraloría un pronunciamiento frente al actuar del edil y la posibilidad de haber dispuesto el aparato municipal para el acto.
Gobierno reestructura división
Junto con aceptar la renuncia de la jefa de la Dirección de Gestión Ciudadana, Andrea Ojeda, tras la controversia que originó la carta que firmó para declinar la invitación que se cursó al Presidente Piñera al homenaje a Miguel Krassnoff, La Moneda decidió reestructurar esa repartición. En el oficialismo se señala que aunque ella asumió la responsabilidad del episodio, también se dice que no fue quien redactó la misiva en que se felicitaba y deseaba "éxito" a los organizadores del polémico encuentro en honor al ex agente.
Militante RN y ex candidata a diputada por Concepción, Ojeda es cercana a la disidencia de la mesa -ha participado de sus encuentros- y en La Moneda trabajaba bajo la supervisión de la hija del Mandatario, Magdalena Piñera, en el segundo piso de Palacio.
Miguel Krassnoff Martchenko
Brigadier (R) del Ejército, tras el golpe militar -donde dirigió el asalto a la casa de Salvador Allende en calle Tomás Moro- fue comisionado a la Dina. En la actualidad se encuentra recluido en el penal Cordillera, en Peñalolén, donde cumple una condena de 144 años por diversas violaciones a los derechos humanos.
