Durante la jornada de este miércoles, el gobierno envió al Congreso el Plan Araucanía, que buscará la reparación a víctimas en la zona y el reconocimiento constitucional a indígenas.
Según se desprende del proyecto, "el plan integral contiene iniciativas de reconocimiento político y cultural de los pueblos originarios, reparación a las víctimas de la violencia rural y, además, la propuesta de una ley que hoy someto a vuestra consideración para el desarrollo de la Araucanía".
La iniciativa, según el texto, tendrá un costo de $ 295.314.576 mil millones en 2017. Para los siguientes años el gasto corresponderá a lo que se estipule en la Ley de Presupuestos del año respectivo.
Según se desprende en el texto del Ejecutivo, el proyecto de ley propone "la creación de un Plan Especial de inversiones para el desarrollo regional y territorial de la Región de la
Araucanía, denominado 'Plan Especial Araucanía', el cual tendrá una duración de cinco años a contar de la fecha de publicación de la ley. El Plan Especial Araucanía será un acuerdo programático entre el Gobierno Regional de la Araucanía y los órganos de la Administración del Estado que operen en la región y que dependan o se relacionen con el Presidente de la República a través de un ministerio".
En segundo lugar, la iniciativa "establece el acceso preferente a subsidios y programas ya existentes en la región. Asimismo, se proponen las siguientes ayudas especiales: a) autorizar al
Ministerio de Vivienda y Urbanismo para otorgar subvenciones y subsidios en la región de la Araucanía, de cualesquiera de los programas habitacionales que esté autorizado a otorgar por ley a las comunidades y asociaciones indígenas siempre que a lo menos un 50% de sus integrantes sea indígena; y b) La Comisión Nacional de Riego podrá definir programas
especiales para agricultores que cumplan determinados requisitos en la Región".
En tercer lugar, se crea, para el período de vigencia de la ley, un Programa de Desarrollo Productivo de La Araucanía para Cooperativas Campesinas, administrado por el Instituto de Desarrollo Agropecuario.
Además, en cuarto lugar, el proyecto de ley contempla incentivos tributarios especiales para las empresas que trabajen en la región y se instalen en sus comunas más pobres.
