Eliminar la totalidad de minas antipersonales terrestres es la meta que se impuso el Estado chileno al suscribir la Convención de Ottawa en 1997, donde ratificó la intención, ante la comunidad internacional, de poner fin al sufrimiento y las mutilaciones que causan estos artefactos en la población civil y militar.
Desde el año 2002, año en que el Ministerio de Defensa creó la Comisión Nacional de Desminado para coordinar este trabajo, ya se han destruido, al 25 de febrero de este año, 79.485 minas de las 181.814 que el país declaró poseer al momento de firmas el convenio de Ottawa. "Llevamos un ritmo de un 10% anual en la cantidad de minas destruidas, lo que nos permite pensar que cumpliremos la meta de liberar todo el territorio al año 2020 y certificarnos como país libre de minas antipersonales. Manejamos un presupuesto de cuatro millones de dólares anuales para esta labor, además de algunas donaciones internacionales", señaló el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Desminado (Cnad), coronel Juan Orlando Mendoza.
Por razones humanitarias la convención prohibió el uso y fabricación de minas antipersonales por el riesgo para la población, y obliga a los Estados a eliminarlas desde los campos minados identificados, informando de sus avances y metros cuadrados liberados de bombas a veedores internacionales de Naciones Unidas.
Chile desechó su stock el 2003 y se encuentra trabajando en la eliminación de estos artefactos en la zonas fronterizas del norte grande, especialmente en la Región de Arica que concentra el mayor número (ver infografía) y en las islas más australes de la Región de Magallanes, donde están claramente cercados y demarcados para seguridad de los civiles. Los artefactos fueron instalados en la década de los 70 por razones de seguridad nacional, época en que aún era legal su uso.
REPARACION A LAS VICTIMAS
Pese a que el trabajo de desactivación y destrucción de minas se inicio el 2002, el tema de la reparación a las víctimas estaba pendiente. Sólo hasta septiembre de 2013 se ingresó un proyecto de ley al Parlamento, que establece reparación económica, asistencial y laboral a los 160 afectados registrados, fallecidas o mutilados, de accidentes relacionados con minas antipersonales (con los cuales trabaja exclusivamente la Cnad), y también otros accidentes con bombas de racimo y municiones abandonadas.
"El proyecto recoge a todas las víctimas de explosivos militares. Ya está aprobado en lo general, pero hay discrepancias en cuánto a los montos de indemnización. Por el momento esperaremos que la comisión se rearme para reanudar la discusión", informó el diputado Germán Verdugo (RN), presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara. Para el parlamentario, el proyecto marca un hito para que el país, en esta materia, dé reparación a afectados por explosivos militares y una señal importante a nivel internacional.
El presidente del centro Zona Minada y vocero de las víctimas, Elir Rojas, señala que los perjudicados no fueron invitados a participar en la génesis del proyecto, denunciando serias falencias en su articulado, las que habrían sido reconocidas por el Senadi y Contraloría. "Debe reformularse y considerar un bono único parejo para todos, una pensión vitalicia y las becas de estudios. El 90% de estas familias son muy pobres o bajo la línea de la pobreza por una discapacidad causada por una negligencia del Estado que abandonó explosivos en lugares públicos", sostiene Rojas.
