El plan tributario de Piñera toma cuerpo

Las próximas dos semanas serán clave para el equipo económico que trabaja con el ex Presidente Sebastián Piñera en su nuevo intento por llegar a La Moneda. A medida que se acerca la jornada electoral del próximo 19 de noviembre, la red de colaboradores del comando -que reúne a un centenar de economistas, empresarios, ejecutivos, académicos y parlamentarios- ha desplegado esfuerzos para dar cuerpo a los requerimientos del candidato para fijar sus bases programáticas.

En las últimas semanas, el ex mandatario ha pedido pisar el acelerador en torno a dos anuncios esenciales que están en su agenda. El primero son sus propuestas económicas en caso de ganar y que daría a conocer entre la semana que comienza mañana y la siguiente. El segundo, más detallado y también más sensible, es su propuesta tributaria para reactivar el crecimiento y la inversión, anuncio previsto para fines de octubre o inicios de noviembre próximos.

El análisis y revisión de los contenidos que sustentarán el proyecto piñerista comenzó hace meses en Avanza Chile -el centro de operaciones del comando- y también se ha apoyado en el trabajo de Libertad y Desarrollo, think tank que ha desplegado un soporte técnico relevante para varias de las subcomisiones de trabajo que, a su vez, entregan insumos para el aterrizaje de contenidos a los 10 grupos programáticos del comando. Estos últimos reportan sus avances al consejo programático cada cierto tiempo.

La dinámica de trabajo al inicio era más bien espaciada, con alto intercambio presencial de ideas y también vía correos electrónicos. En los meses más recientes la frecuencia de las reuniones se intensificó, particularmente en lo que va de septiembre. En ese proceso, sin embargo, el número de profesionales y expertos que colaboran se ha ido acotando a medida que ambas propuestas, económica y tributaria, se acercan a su diseño definitivo. Hoy, todo el trabajo está en manos de los ex ministros piñeristas Felipe Larraín (Hacienda) y Juan Andrés Fontaine (Economía). Sí cuentan con la colaboración directa de la abogada Carolina Fuensalida, socia del estudio Fuensalida & Del Valle. La profesional fue coordinadora de política tributaria en el gobierno de Piñera e integró el grupo técnico designado por la Comisión de Hacienda del Senado que gestó el acuerdo transversal para la reforma tributaria de 2014.

En todo caso, aclaran las mismas fuentes, será Piñera quien decida qué contenidos irán en cada propuesta que integre las bases programáticas de su gobierno.

Larraín y Fontaine están en la etapa de afinar números y aterrizar expectativas, incluso por parte del propio candidato, afirman sus colaboradores. Si bien ambos lideran el trabajo muy de cerca, precisa una de las fuentes, entre varios de los técnicos que los han apoyado en esa labor coinciden en que los dos anuncios clave tienen como eje conductor que el Producto Interno Bruto (PIB) chileno retome tasas de crecimiento de 3% a 4%, desempeño que tendría como punto de partida una trayectoria actual del 1,5%.

Entre el primer trimestre de 2014 y el segundo trimestre de este año el país promedia una expansión de 1,7%, según datos del Banco Central. En su último Informe de Política Monetaria (IPoM), de septiembre, el instituto emisor subió el piso de su estimación de crecimiento para este año, pasando el rango de 1%-1,75% en junio, a uno de 1,25%-1,75%. Para 2018, mantuvo su pronóstico de 2,5% a 3,5%. Hacienda, en tanto, estimó un 1,5% para 2017.

"Se está haciendo un trabajo muy fino, y así como en la anterior candidatura de Piñera el compromiso fue crear un millón de empleos, en esta ocasión y dado el estancamiento económico en que estamos y los costos sociales que está teniendo, el compromiso se centra en recuperar la capacidad de crecimiento para avanzar en mejoras sociales y reformas que se puedan financiar sin castigar al Fisco y sin comprometer la credibilidad del país. Todo está enfocado en generar las condiciones para que el país crezca a tasas del 3,5% en el mediano plazo", afirma un economista del comando.

Entre economistas cercanos al ex presidente coinciden en que éste ha enfatizado que su gobierno debe conciliar la búsqueda de bienestar social con la recuperación económica y no imponer un objetivo sobre el otro, pues en su opinión ahí estuvo la falla original de este gobierno de Bachelet.

Un parlamentario de Chile Vamos que conoce el trabajo de Larraín y Fontaine comenta que desde el inicio se planteó que una nueva administración piñerista debía impulsar una reforma tributaria pro crecimiento, pero no regresiva. Con esa lógica, añade el mismo parlamentario, el esquema en el que trabajan se basa en volver a un sistema integrado. Esto quiere decir, explica un profesional que colaboró al inicio del debate, que se propondría derogar el denominado régimen integrado con atribución de renta -creado en 2014- para volver a un sistema que integre 100% los impuestos a la renta de las empresas (de Primera Categoría) y personales (de Segunda Categoría y Global Complementario).

La reforma creó dos sistemas tributarios. Uno es el régimen integrado con atribución de renta sobre base devengada, es decir, dividendos o utilidades de los que se tiene título de derecho, aunque el pago o giro no se haya hecho efectivo. Las empresas acogidas pagan un impuesto de primera categoría de 25% desde 2017 y ese pago se usará como 100% de crédito para cuando socios y accionistas declaren su impuesto global complementario (por rentas personales, con tasas de 0%-35%) o adicional (para no residentes, con tasa de 35%). El segundo es el régimen semiintegrado y mantiene la tributación sobre base percibida, es decir, sobre utilidades que entran al patrimonio materialmente. El impuesto de primera categoría es 25,5% desde este año y sube a 27% en 2018. Pero socios y accionistas pueden descontar de su impuesto global complementario o adicional sólo 65% de lo que su empresa pagó antes. Esto permite que dos tercios de las utilidades reinvertidas en la empresa se usen como crédito de las rentas personales. El régimen tributario por defecto que aplica a la mayoría de las firmas desde este año es el de integración parcial.

Por la sensibilidad del tema, los cambios están bajo llave, pero en el entorno del candidato detallan que la noción principal es alentar la inversión y dinamizar la economía, por lo que se reduciría el impuesto a las empresas hacia el promedio de los países de la Ocde, que es 25%. La baja, en todo caso, sería gradual, no hay números definidos, pero medio punto por año sería lo prudente para evitar un daño mayor a los ingresos fiscales y porque hay un programa propio que financiar, añade un experto que conoce el tema.

Un recorte escalonado, además, sería más aceptado política y técnicamente, pues al integrar los sistemas de manera automática el crédito a favor del pago de impuestos personales pasaría de 65% a 100% y eso será usado para fustigar la propuesta de Piñera por parte de la oposición, advierten en el comando. "El tema tributario es muy ideológico y por eso nos estamos cuidando, para entregar una buena propuesta para mejorar lo que quedó con la reforma. Nos van a acusar de bajar impuestos a los que más tienen, las empresas y los empresarios, y por eso hay que argumentar muy bien y encontrar una compensación no regresiva", complementa otro experto vinculado al comando.

La reforma de Bachelet debería recaudar 3,02% del PIB en régimen o US$ 8.300 millones, según estimó el diseño de la ley. Esto suponía que en 2018 el PIB sería de US$ 274.834 millones. Al segundo trimestre de este año, el PIB suma US$ 258.476 millones, según el Banco Central. Esto significa que ese 3% equivale hoy a US$ 7.754 millones.

En el comando de Piñera estiman que volver a un sistema integrado de impuestos costaría 0,6% del PIB, hoy unos US$ 1.550 millones. De este monto, unos US$ 850 millones provendrían de la baja del impuesto a las empresas y si bien consideran que sería una corrección relativamente menor, la estrechez fiscal que heredarían los obliga a buscar compensaciones: la primera y más importante, precisan en Avanza Chile, sería el mayor crecimiento que generaría la reforma. Un experto consultado que colaboró al inicio con el equipo de Piñera estima que si la economía retoma el primer año una tasa de 2,5%, incluso bajando el impuesto corporativo en un punto se absorberían esos US$ 850 millones.

Pero como la idea es homologar la carga tributaria chilena a los países Ocde, cuyo promedio es de 43% al combinar impuestos corporativos y personales, señala una alta fuente allegada al comando, se analizan medidas para cerrar eventuales focos de elusión tributaria y también se explora si hay espacio o no para más impuestos específicos.