Platas políticas: Suprema se pronunciará por primera vez si los políticos cometieron o no delito

Justo en la recta final de las campañas a la Presidencia y al Congreso llegará -por primera vez- a manos de la Corte Suprema una discusión que aún no ha sido zanjada en los casos de financiamiento irregular de actividades políticas que estallaron con el caso Penta: ¿Cometieron delito tributario los políticos al conseguirse boletas y/o facturas falsas?

La fiscalía y en algunos casos el SII han sostenido la tesis de la existencia de delito tributario por parte del facilitador, razón por la cual ha formalizado a parlamentarios, ex ministros y otros personeros.

Sin embargo, en tres años y tres meses desde que se tramitan estas investigaciones aún no existe un pronunciamiento de fondo de la justicia a través de un juicio oral, ni menos uno preliminar del máximo tribunal del país en esa materia.

Eso, hasta ahora, ya que en los próximos días los 21 ministros del pleno de la Suprema podrían exculpar o, por el contrario, fijar un criterio respecto del grado de participación de los políticos en estos presuntos delitos.

El estallido de los casos de financiamiento irregular de la política obligó a un cambio de la normativa en la ley electoral, restringiendo aportes de privados, eliminando los de las empresas y -en la práctica- rigidizando los créditos de la banca.

El próximo viernes 3 de noviembre será clave para el futuro de varios personeros políticos, entre ellos Marco Enríquez-Ominami, los ex ministros Laurence Golborne y Pablo Longueira, el ex alcalde de Santiago Pablo Zalaquett y los senadores Jorge Pizarro (DC), Fulvio Rossi (ex PS) y Jaime Orpis (ex UDI). Estos dos últimos ya desaforados.

Para ese día, el pleno del máximo tribunal agendó los alegatos de la apelación al desafuero del senador UDI Iván Moreira, que presentó su abogado Gabriel Zaliasnik.

En mayo de este año, el parlamentario, a quien se le imputa la facilitación de boletas por $ 38 millones, fue desaforado por el pleno de la Corte de Apelaciones santiaguina en el marco del caso Penta.

El desafuero de Moreira en la Corte de Apelaciones, sin embargo, no fue unánime. Los ministros del tribunal de alzada capitalino se dividieron: 22 estuvieron por quitar el fuero parlamentario a Moreira -lo que implicaba seguir adelante con la investigación a la etapa de juicio oral- y otros siete estuvieron en contra.

De estos últimos, hubo un voto que resonó en las paredes del Palacio de Tribunales e hizo eco en las de la fiscalía, encendiendo las alarmas de la hipótesis de persecución penal que se ha seguido hasta ahora en contra de los políticos.

El magistrado Hernán Crisosto, quien había integrado la sala especialista en temas tributarios de la corte, aseguró que las pruebas de la Fiscalía Oriente contra el senador UDI no daban cuenta de la configuración de alguno de los delitos del Código Tributario. "Es posible establecer que el propósito perseguido por el señor Iván Moreira era obtener financiamiento para su campaña electoral, no encontrándose justificado que el objeto perseguido haya sido, indubitadamente, posibilitar a un tercero cometer alguno de los delitos descritos en el Ar-tículo 97 N°4 del Código Tributario", apuntó el magistrado.

Con ese antecedente no es raro que por estos días diferentes abogados defensores implicados en este tipo de causas sean vistos en los pasillos de tribunales a la espera y comentando -al igual que en la fiscalía- sobre las eventuales repercusiones de lo que ocurrirá el próximo viernes.

El miércoles 25, otro senador pasó por un examen similar. La corte santiaguina desaforó al ex PS Fulvio Rossi por 17 votos a favor y siete ministros que nuevamente estuvieron en contra. Su abogada, Johanna Heskia, anunció que también acudiría a la Suprema para revertir el criterio ya fijado por el pleno del tribunal santiaguino.

La Fiscalía Regional de Valparaíso le imputa a Rossi, quien se ha negado a asistir a su formalización, haber facilitado a SQM boletas de cercanos por $ 83 millones. La investigación ha arrojado, según se detalló en la petición de desafuero, que los dineros de la minera no metálica llegaron a manos de una de sus asesoras que trabajó con él y luego a su cuenta personal.

Si bien la opción de quitarle el fuero a Rossi nuevamente fue mayoritaria, magistrados de la Corte de Apelaciones admiten que aún hay dudas en estos casos respecto de si se puede probar que el hoy desaforado senador quiso con esta conducta "defraudar" al Estado al participar de la rebaja de base imponible de una empresa o -como han sostenido algunas defensas de implicados- sólo buscaba aportes para financiar sus campañas. Por el momento, para algunos de los ministros se cumple el estándar para el desafuero y, con posterioridad, en un juicio oral se verá si se prueba o no el delito. Eso, a menos que la Suprema no diga antes otra cosa.

Desde que la Fiscalía Oriente comenzó a investigar el caso Penta se ha visto en los juzgados de garantía un desfile de ex y actuales parlamentarios a quienes se les formalizó en los casos antes mencionados bajo la figura de "facilitador" de boletas o facturas ideológicamente falsas.

La fiscalía apostó por una hipótesis -que es refutada por algunas defensas- respecto de imputar "dolo", una intención de cometer un delito tributario al ser intermediarios entre un contribuyente que emitió a petición suya una boleta o factura por servicios que nunca prestó y una empresa que fue receptora de estos documentos que los incorporó a su contabilidad, permitiéndole rebajar el pago de sus impuestos.

La única vez que los casos de financiamiento ilegal de la política han llegado antes a la Corte Suprema fue en el desafuero del senador Jaime Orpis, formalizado en el caso Corpesca. Sin embargo, como el ex parlamentario UDI ha admitido los delitos tributarios que se le atribuyen (como facilitador de boletas falsas), su defensa en esa oportunidad sólo apeló al desafuero por los cargos de cohecho y lavado de activos, logrando ante el máximo tribunal desechar esta última acusación. Por tal motivo, en esa discusión la mayoría del máximo tribunal estuvo por no pronunciarse respecto del delito tributario que se les atribuye a los políticos.

La decisión de la Suprema, rechazar o confirmar el desafuero de Moreira, mantiene en alerta a las defensas de otros imputados por facilitación, como Enríquez-Ominami, Golborne, Zalaquett, Pizarro, Rossi, Orpis y los delitos tributarios que se le imputan al otrora coronel UDI Pablo Longueira. Y es que en caso de rechazarse el desafuero, Moreira será exculpado de todas las imputaciones de la fiscalía.

Desde el Ministerio Público, el fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra -quien dirige el caso Penta- reconoce que hay expectación del pronunciamiento que hará en este caso el máximo tribunal y confía en que se mantendrá la tesis que han planteado. "Lo que nosotros estamos esperando es que la Corte Suprema confirme lo que ya resolvió la mayoría de los ministros de la Corte de Santiago en cuanto a que los antecedentes que tenemos cumplen el estándar de desafuero, además de haber querella del SII; y en el entendido que nosotros sostenemos que sí existe una conducta dolosa por parte del político que facilita estos documentos tributarios ideológicamente falsos lo que será probado ante el tribunal oral, y no nos parece que se exija un dolo específico en esta instancia", sostuvo el investigador.