Pluralismo moral

UNO DE los aspectos que singularizan a las sociedades modernas es su pluralismo moral. La modernidad misma puede ser descrita como el tránsito desde sociedades de código moral único, o "monismo moral", a sociedades diversas y plurales en lo moral, en las que existe no sólo una forma de "vida buena”, sino muchas.

Legislar en sociedades pluralistas implica, por tanto, establecer leyes que permitan que la diversidad moral de una sociedad pueda expresarse, y que las personas puedan vivir según sus convicciones y creencias. Casi estaría de más decirlo, pero una ley sobre matrimonio igualitario o de despenalización del aborto -como la que hoy se debate- no obliga a practicar estas opciones a las personas que por sus creencias morales las rechazan, pero sí permite que aquellas para quienes son moralmente legítimas puedan hacerlo. Es lo que ocurrió y ocurre con la ley de divorcio. Hoy la usan quienes no creen que exista una contradicción entre ella y sus valores morales, y quienes sienten que contradice sus convicciones más profundas tienen la libertad de no usarla. La diferencia no es menor, pues en un caso la legislación impone al conjunto de la sociedad el núcleo valórico de un grupo determinado, mientras que en una legislación pluralista, las distintas opciones encuentran cobijo jurídico, permitiendo así a individuos o grupos vivir según sus particulares creencias.

El pluralismo moral en una sociedad no nace del hecho de que las personas no tengan valores en común, sino de la manera como jerarquizan dichos valores frente a temas socialmente controvertidos. Los verdaderos problemas morales ponen siempre en tensión valores deseables y generalmente compartidos: el derecho a la vida, la dignidad humana, la autonomía para decidir, la libertad y la igualdad, los derechos de la mujer, la mirada de la diversidad multicultural. Sin embargo, no existe hoy un fundamento único -distinto del que pueda lograrse a través de la deliberación y la decisión democrática- que permita jerarquizar dichos valores de manera inequívoca e incontrovertible para todos.

La mayor dificultad que enfrenta esta forma de legislar, que pretende dar lugar, sin obligar, a la pluralidad de visiones morales legítimas que hay en una sociedad, proviene de aquellas concepciones -religiosas o ideológicas- que creen saber aquello que es mejor no sólo para quienes las profesan, sino para todos los demás.

En las sociedades pluralistas y democráticas, las diversas concepciones de "vida buena" o, como diría Adela Cortina, de "máximos éticos", pueden proponerse a los otros, o bien testimoniarse con el ejemplo, pero carecen de un fundamento último que las haga racionalmente exigibles a los demás. Lo fundamental es que la legislación permita que cada grupo pueda vivir según sus convicciones, sin verse coartado, penalizado ni obligado por las convicciones de otros. Esto, por cierto, no inhibe que cada uno de ellos intente que los demás adhieran y adopten su particular manera de ver la vida.