El presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, y la representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) María Uribe Sánchez, lanzaron un programa  de fortalecimiento institucional al interior del Poder Judicial.

Los recursos facilitados por el BID alcanzan un monto estimado equivalente de US$6.400.000, de los cuales el 80% es financiado por el banco bajo la modalidad de préstamo de inversión; y el 20% restante es financiado con recursos del Ministerio de Hacienda.

El proyecto BID II, cuyo plazo de ejecución es de cuatro años, busca mejorar la capacidad del Poder Judicial para enfrentar desafíos en materia de desarrollo institucional, manejo de personal y gestión jurisdiccional; elevar la confianza de los usuarios en la aplicación transparente y justa de las leyes; y reducir la tasa de error en la tramitación de las causas.

"Con la contribución financiera del Banco Interamericano de Desarrollo y del Ministerio de Hacienda, tal programa potenciará nuestra capacidad para establecer políticas de mediano y largo plazo en las áreas que hemos definido como prioritarias", dijo Milton Juica.

PROGRAMA
El programa pondrá especial énfasis en el desarrollo del personal y en la carrera de los jueces y funcionarios judiciales, buscando generar estímulos para el perfeccionamiento y el buen desempeño, aportando mayor transparencia a la gestión del régimen disciplinario y de calificación y facilitando el acceso al e-learning y a otras aplicaciones al servicio de la capacitación.

Además contempla la migración a una plataforma Web del sistema informático de la justicia penal; la implementación de un plan para mejorar la calidad del registro de la tramitación en tribunales que posean sistemas informáticos; la ampliación de la plataforma de videoconferencias; y la interconexión online con instituciones tales como Carabineros, Policía de Investigaciones, Gendarmería, Servicio de Registro Civil e Identificación, Servicio de Impuestos Internos y Aduanas.

El proyecto BID II tiene su origen en un primer plan, ejecutado entre los años 2006 y 2009, cuyo objetivo fue aumentar la eficiencia y calidad de los servicios que la Corporación Administrativa del Poder Judicial.