La proliferación de manifestaciones y protestas en las calles y carreteras registrada en las últimas semanas en Argentina desata hoy una intensa polémica entre los partidarios de este tipo de expresiones y quienes defienden el derecho de la población a circular libremente.
Buenos Aires, con tres millones de habitantes, es el blanco de grueso de las movilizaciones en las calles, una fórmula de protesta que se hizo popular durante la crisis económica de 2001 y que el gobierno de Cristina Fernández (peronista) no se había atrevido a criticar hasta ahora.
La capital argentina volvió a quedar colapsada hoy con las numerosas manifestaciones convocadas en las principales avenidas de la ciudad, que se suman a las 440 registradas en lo que de año, todo un récord que complica las posibilidades de tránsito de los porteños.
La jornada comenzó con una manifestación por el conflicto laboral desatado en la empresa estadounidense Kraft Foods, a la que siguieron tres más convocadas por la organización Barrios de Pie en los principales accesos a la capital, utilizados por dos millones de personas de la provincia de Buenos Aires; una movilización de taxistas en el centro y otras dos marchas de piqueteros.
El aumento de las movilizaciones llevó anoche a la Presidenta argentina, Cristina Fernández, a reclamar que se abandonen los métodos de protesta que "impiden el ejercicio de derechos de otros".
La legislación municipal de Buenos Aires castiga la obstrucción del tránsito con uno a cinco días de trabajo "de utilidad pública" o multas que van de 200 a 1.000 pesos (entre 52 y 260 dólares), pero la seguridad es responsabilidad de la Policía Federal y ambas instancias se han enzarzado en una polémica sobre su responsabilidad para impedir los cortes viales.
El problema afecta también a la populosa provincia de Buenos Aires, donde, el gobernador, Daniel Scioli, adelantó que pretende "generar mecanismos, con mucha precaución, para que no se puedan cortar totalmente las rutas o los caminos".
El gobernador del Chaco (norte), Jorge Capitanich, pagará cara su decisión de desalojar un plantón de organizaciones sociales montado en una plaza pública.
Su esposa, Sandra Mendoza, funcionaria del gobierno provincial, se enfrentó el miércoles a la policía que intentaba desmontar la protesta y Capitanich no ha tenido más remedio que cesarla, negarle el acceso a la casa de Gobierno e incluso, según medios locales, se plantea presentar una demanda de divorcio.
También el gobernador de Neuquén (oeste), Jorge Sapag, advirtió esta semana que no permitirá el corte del tránsito por considerar que es un "mecanismo perverso" que genera "un gran desconcierto en la sociedad".
Parece que ningún gobernador quiere revivir la experiencia del pasado año, cuando el enfrentamiento entre el Gobierno y las patronales agrarias derivó en protestas en las principales rutas del país que afectaron a millones de argentinos y provocaron desabastecimiento en Buenos Aires.
Aunque, hasta ahora, ni la presidenta ni los gobernadores han aclarado si sus comentarios en contra de los cortes de tránsito afectan al conflicto que se vive en el cruce de Gualeguaychú, donde apenas un puñado de personas impide desde noviembre de 2006 el tráfico a través del puente internacional que conecta Argentina con Uruguay.
La protesta, convocada por la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, corta una de las principales rutas de transporte del Mercosur y responde a la decisión de Uruguay de instalar una planta de la papelera finlandesa Botnia en la orilla del río.
Argentina y Uruguay dirimen la controversia en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que tendrá que pronunciarse sobre el caso este año.
