El polémico acuerdo del caso basura

Durante 2017, el municipio de Maipú -que dirige Cathy Barriga (UDI)- dará curso a una millonaria licitación para la recolección de basura en la comuna. Y pese a que ya han pasado seis años, aún resuena el escándalo que sacudió a las máximas autoridades locales en 2011 -edil y concejales incluidos-luego de que estallara una investigación por cohecho, malversación de caudales públicos y Fraude al Fisco en el marco de las adjudicaciones para el servicio de tratamiento y relleno sanitario.

En esa causa están imputados por el supuesto pago de coimas dos ex gerentes de la empresa KDM y las más altas autoridades edilicias de esa época, entre ellos el ex alcalde de Maipú Christián Vittori, y también el ex edil de Cerro Navia Luis Plaza, quienes perdieron la reelección en gran medida debido al denominado "caso basura"

Pero cuando la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente presentó el viernes 5 la acusación, tras lo cual se preparará el juicio oral para Vittori, Plaza y una serie de concejales y funcionarios públicos, hubo un gran ausente: el ex gerente general y hoy director de la firma, Fernando León Steffens.

Esa decisión hoy tiene al Ministerio Público enfrascado en una dura disputa interna, debido a que la oferta a León que emanó del fiscal regional José Luis Pérez Calaf no cumple los protocolos internos de la fiscalía.

El miércoles 25 de abril, la fiscalía decidió ofrecerle al ejecutivo una suspensión condicional del procedimiento, que fue aceptada por el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago. Este término judicial le permite a León -formalizado por soborno y dos fraudes al Fisco- quedar sin condena y con sus antecedentes penales limpios si en el plazo de un año cumple con las condiciones fijadas por el Ministerio Público: el pago de $ 36 millones al Estado, además de financiar un programa social de reciclaje de basura que beneficiará a 2.500 hogares en Maipú. El costo de este plan, según se expuso en la audiencia, es de $ 206 millones de pesos y se le dará seguimiento desde el Dictuc de la Universidad Católica.

La propuesta de Pérez Calaf -quien lleva el caso- fue respaldada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Sin embargo, el querellante, la Municipalidad de Maipú, se opuso a la salida alternativa. Así quedó registrado en la audiencia donde ésta se dio a conocer y también en un escrito de apelación ingresado esta semana y que hará que la corte santiaguina intervenga en el polémico acuerdo.

En 2014, el entonces fiscal nacional, Sabas Chahuán, dictó la instrucción general Oficio N° 699, que imparte criterios para la actuación de fiscales en delitos de corrupción.

La idea era uniformar las actuaciones de los fiscales en la persecución penal de delitos como cohecho y soborno, además de fraudes al erario fiscal. "Se insta al íntegro y cabal cumplimiento de la presente instrucción general, recordando que constituye normativa interna del Ministerio Público", se lee en la primera página del documento, que está disponible en la página web de la institución. En el texto también se advierte que quien incumpla el instructivo podrá ser afectado por un sumario y arriesga una sanción administrativa.

En su página 11, la misma normativa interna asegura que en este tipo de ilícitos (soborno, cohecho, fraude) la suspensión condicional se debe aplicar "de forma excepcional, limitada y prudente", considerando para esto "lo delicado que resulta el bien jurídico protegido en estos delitos y las repercusiones de este tipo de decisiones en relación a los fines preventivos de la pena".

El oficio agrega que los fiscales regionales que opten por conceder esta salida alternativa deben cumplir con un requisito previo: "Se deberá contar con un informe técnico favorable a ella confeccionado por la Unidad Especializada Anticorrupción".

En términos simples, se deberá hacer una consulta formal a esa división de la Fiscalía Nacional.

Varias fuentes consultadas por Reportajes coincidieron en que hasta el 25 de abril, cuando Pérez Calaf selló el acuerdo ante la jueza Soledad Orellana, la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional no había sido consultada por la salida alternativa a León.

Pese a ello, el fiscal optó por conceder el acuerdo que benefició al ex gerente de KDM y éste se selló en primera instancia. Sin embargo, fue el municipio de Maipú el que frenó el término judicial para León.

El administrador municipal de Maipú, abogado Felipe Contreras, explicó que "ante un acuerdo tan poco beneficioso para la víctima y querellante, que es el municipio de Maipú, decidimos apelar".

"Estamos hablando de un caso en que los erarios fiscales se vieron afectados en más de mil millones, por lo que los términos de las condiciones ya se alejan de los requerimientos de la víctima, en este caso la municipalidad", sostuvo el abogado. En su escrito de apelación, además, Contreras asegura que "el Ministerio Público ha llegado a un acuerdo con el imputado sin que se haya consultado previamente al municipio de Maipú. Esta actuación es atentatoria contra el derecho que posee el municipio en el cumplimento de sus obligaciones ambientales y sanitarias dentro de su territorio jurisdiccional". Y finaliza con una advertencia: "Llegaremos a la corte para revertir estos términos, porque -además- Maipú ya cuenta con un programa de reciclaje, por lo que la condición impuesta al imputado ya de por sí genera problemas a la comuna y no podemos quedarnos con los brazos cruzados ante esto".

El abogado de León, Sergio Rodríguez, desestimó la apelación del municipio señalando que "a Maipú lo representa el CDE. Las condiciones impuestas significan un ahorro para la comuna y ningún costo. No entendemos los argumentos de la municipalidad, salvo que actúe con criterios políticos". Además, presentó un recurso de hecho para deslegitimar la apelación del querellante.

En el Código de Procedimiento Penal, para que se lleve a cabo una suspensión condicional a un imputado, las penas que en concreto éste arriesga no pueden superar los tres años de cárcel. Sin embargo, en el caso de León su imputación es soborno (Artículo 250 del Código Penal, en relación al Artículo 248 bis) y dos delitos de fraude al Fisco (Artículo 239, inciso número 3), por lo que -potencialmente- la pena que arriesga es de 15 años y un día a 20 años de cárcel.

En el mejor de los casos para León, aplicando atenuantes calificadas de colaboración sustancial e irreprochable conducta anterior, sólo puede rebajar su pena en hasta dos grados, por lo que no alcanzaría -según penalistas consultados- el requisito de una salida alternativa, ya que se supera el umbral de los tres años de cárcel. La fiscalía, en tanto, para llegar al rango de la suspensión condicional habría rebajado en tres grados la pena, lo que, según expertos, no se puede realizar en este caso.

El diputado Joaquín Lavín (UDI), también querellante del caso, detalló que fue consultado por la fiscalía por este acuerdo y que manifestó su rechazo. "Es verdaderamente impresentable que tras cinco años de investigación este caso termine en una suspensión condicional del procedimiento". Agregó que "en tiempos donde la política está en el centro de las críticas, la fiscalía también está llamada a cuidar las formas y aquí eso no sucedió. Me parece grave y apoyaremos todos los recursos que busquen evitar situaciones que instalan un dejo de impunidad en un caso como este", expresó.

En la causa también hay otro gerente de KDM formalizado por los mismos ilícitos que León. Se trata de José Miguel Gutiérrez, pero a éste, según fuentes del caso, durante toda la investigación no se le ha ofrecido salida alguna.

En los casos Penta y Corpesca, por existir imputaciones a sus gerentes por delitos de cohecho, la fiscalía ha invocado la responsabilidad de la persona jurídica. En el caso SQM, en tanto, si bien el Ministerio Público aún no imputa este delito, existe una querella del CDE por esta figura. Pero en el caso basura no se formalizó este ilícito a KDM durante el plazo de investigación que se cerró el 25 de abril.

Consultada por este tema, la Fiscalía Nacional señaló que "respecto de la suspensión condicional aplicada al señor Fernando León, no emitiremos opinión por encontrarse esta salida sujeta a una resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago, por un recurso pendiente".

Además de haber obviado un instructivo interno, la decisión de Pérez Calaf podría tener implicancias para el resto de los imputados en la causa. En particular sobre las entonces autoridades públicas -Vittori, Plaza y el ex concejal Marcelo Torres- imputadas por cohecho.

Un magistrado consultado por el tema lo grafica así: "Si yo fuera defensor alegaría por qué la fiscalía hizo una distinción con el privado y no le otorgó la misma salida a ese empleado público, sin duda".

A mediados de abril y, a petición del CDE, se comenzaron a estudiar suspensiones condicionales en el caso para los otrora concejales Carlos Jara y Carol Bortnick, las que sí fueron consultadas a la Unidad Anticorrupción, como obliga el instructivo N° 699.

Por entonces había interés en el Comité Penal del CDE por ir despejando algunos casos con salidas alternativas para llevar a funcionarios públicos involucrados a juicio. Aunque la Unidad Especializada habría rechazado esa vía, el fiscal Pérez lo ofreció en la misma audiencia del gerente de KDM Fernando León. La jueza Soledad Orellana, en estos dos casos, no dio curso al acuerdo.

El viernes 5 se presentó la acusación del caso: para Torres se pidieron más de 20 años; para Vittori, 16 años; para Plaza, 15 años y un día, y para Gutiérrez, más de siete años de prisión.

En el caso de León -por estar la suspensión pendiente- se le pidió una pena de más de siete años de cárcel.

Después de haber competido sin éxito para ingresar a la quina que definiría al fiscal nacional en 2015, José Luis Pérez fue el último fiscal regional designado por el ex jefe del Ministerio Público, Sabas Chahuán. En esa época ya estaba aprobada por el Senado la designación del actual jefe del Ministerio Público, Jorge Abbott, y por deferencia a la buena relación de éste con Pérez, Chahuán visó su nominación.

Pérez Calaf fue juez del Crimen y luego fiscal regional de O'Higgins. Eso hasta 2007, cuando postuló a la Fiscalía Occidente y Chahuán optó por Solange Huerta. La decisión hizo que el persecutor renunciara al Ministerio Público. Pérez Calaf, entonces, se desempeñó como defensor privado, lo que lo llevó a litigar contra la fiscalía durante ocho años.

Una nueva oportunidad en la Regional Metropolitana Occidente se selló en noviembre de 2015. En marzo del año siguiente, y apenas asumido el cargo -cuentan fuentes de la fiscalía que dirige-, Pérez representó una eventual inhabilidad para que el caso basura se tramitara en su zona. La razón era su estrecha amistad con el abogado Germán Cueto, defensor en la causa y quien, incluso, lo habría asesorado en una causa personal. Otro punto habría sido que uno de los imputados del caso, el concejal Marcelo Torres, quien estuvo cerca de dos años en prisión preventiva, le habría solicitado asesoría legal, acudiendo a su oficina de ese entonces junto a Cueto. Pese a todo esto, Abbott rechazó su inhabilidad, e incluso, días después, lo designó a cargo del caso que entonces era tramitado por Tania Mora.

Sobre este último punto, el Ministerio Público señaló a Reportajes que "en relación a la posible inhabilidad del fiscal regional, en oficio del 15 de marzo de 2016 se le hizo presente al fiscal nacional esta situación, quien la rechazó expresamente, considerando que "los antecedentes expuestos no caben dentro de ninguna de las causales de inhabilidad del Art. 55". Además, en resolución de 21 de marzo de 2016, el fiscal nacional designó al fiscal regional José Luis Pérez Calaf a cargo de la investigación del caso basura, considerando la gravedad y complejidad de los hechos investigados.