Policías bolivianos de bajo rango que detuvieron su huelga el sábado tras un acuerdo con la jerarquía, intentarán instaurar una mesa para discutir sus demandas salariales, según informó este domingo una fuente de la protesta.
A pesar del clima combativo, que se tradujo en la negativa a patrullar, el comando general de la Policía gestionó el sábado un receso de la protesta hasta el lunes, cuando se intentará abrir una mesa de diálogo.
"Se ofició un documento al Comando General. De aquello tenemos un acuerdo y a partir de este momento se levanta un cuarto intermedio hasta el día lunes", dijo la secretaria general del consejo ejecutivo nacional de la Asociación de Sargentos, Suboficiales y Clases de la Policía (Anssclapol), Cecilia Tancara.
Según ella, el receso en las protestas "dará paso a la instalación de mesas de diálogo para negociar las demandas".
El paro en la huelga estaba cumpliéndose este domingo, aunque algunos sectores radicales de la Policía están a la espera del curso de los acontecimientos.
La protesta policial, a la que se sumaron unidades de todo el país, fue iniciada el jueves en la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) de La Paz para pedir la suma de un 'bono de seguridad' a sus salarios.
El Gobierno, que advirtió que no negociaría bajo presión, dijo que esa medida supondría un gasto adicional de 160 millones de bolivianos anuales (unos 23 millones de dólares) que recién podrían programarse para el presupuesto de 2015.
De su lado, el presidente de la directiva de Anssclapol, Javier Quispe, rechazó la baja del sargento Pedro Ticona, acusado por la jerarquía de liderar la protesta.
La baja de Ticona "es inconstitucional (..), se tiene que reconsiderar" antes de instalar la mesa de diálogo, condicionó Quispe.
El ministro de Gobierno (Interior) y principal responsable del sector, Carlos Romero, rechazó la protesta porque "entre los años 2006 y 2014 el incremento salarial acumulado [de los policías] llega a 65,8%".
En junio de 2012 un violento motín policial de seis días llevó a la firma de un convenio salarial que, según los policías, permanece incumplido.
