La Policía Federal de Brasil realizó hoy una operación para desarticular una banda sospechosa de haber causado daños millonarios a las arcas públicas en un departamento dependiente del fisco.
El desfalco comprobado por las investigaciones asciende a 5.700 millones de reales (unos 1.780 millones de dólares), pero la Policía sospecha que los daños al erario público pueden elevarse hasta 19.000 millones de reales (casi 6.000 millones de dólares), según un comunicado oficial.
La banda es sospechosa de manipular a favor de intereses privados los procesos del Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (CARF), el departamento de la Receita Federal (fisco) encargado de multar a los defraudadores de impuestos.
La Justicia emitió 41 mandatos de búsqueda y aprehensión contra los sospechosos de colaborar en las corruptelas en los estados de Sao Paulo, Ceará (noreste) y en Brasilia en una operación en la que participaron 180 agentes de la Policía Federal y otros 55 fiscales de la Receita Federal.
Los integrantes de la banda supuestamente trataban de corromper los funcionarios del CARF para conseguir que anularan o rebajasen las multas a los defraudadores de impuestos.
Las investigaciones, iniciadas en 2013, descubrieron que los funcionarios filtraban informaciones privilegiadas a oficinas de asesoría, consultoría o abogacía en Brasilia, Sao Paulo y otras ciudades para que estas captaran a empresas interesadas en recibir "facilidades" en los juicios del CARF, según la nota.
Entre otros servicios, se ofrecía la manipulación de los procesos, la concesión de pedidos de aplazamiento y la obtención de fallos favorables en los autos de infracciones tributarias.
El grupo supuestamente se servía de terceras empresas para disimular sus acciones y el flujo del dinero, que era lavado y recuperado por las empresas como patrimonio aparentemente lícito.
Este nuevo caso ha sido destapado en plena crisis política en Brasil por el gran caso de corrupción en la petrolera estatal Petrobras que, del mismo modo, ocasionó el desfalco de miles de millones de dólares de las arcas públicas.
El caso Petrobras, que está siendo investigado desde hace un año, se refiere al amaño de contratos de la petrolera con decenas de proveedoras de servicios y el reparto de sobornos millonarios a políticos y partidos, en su mayoría de la base del Gobierno de la presidenta, Dilma Rousseff.
Esa investigación ha salpicado a cerca de 50 políticos, además de varios ejecutivos de la petrolera y otras empresas, y ha erosionado rápidamente la popularidad de Rousseff.
