Autoridades federales asumieron hoy tareas de seguridad en 13 municipios en el estado de Guerrero y en el Estado de México, en tanto sigue la búsqueda de 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre en Iguala en un incidente en el que están involucrados policías y delincuentes, informó hoy la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).
La Policía Federal, con el apoyo del Ejército mexicano, será la institución encargada de brindar la seguridad pública en 12 municipios del estado de Guerrero y en el de Ixtapan de Sal, en el Estado de México, dijo el titular de la CNS, Monte Alejandro Rubido.
En conferencia de prensa, Rubido agregó que la medida se debe a la "presunta infiltración del crimen organizado en corporaciones policíacas" en el sureste y el centro del país.
Asimismo, Rubido destacó que los integrantes de las corporaciones de seguridad de los 13 municipios, entre ellos Iguala, serán trasladados al estado de Tlaxcala "para practicarles los exámenes de control de confianza, hacer la valoración respectiva de su actuación y de su responsabilidad".
"El Estado mexicano ha resguardado las armas de dichas corporaciones con el objetivo de llevar a cabo una revisión puntual" y "realizar las pruebas de balística y ponerlas a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR) a fin de corraborar su posible uso en actos ilícitos".
Acompañado por el procurador general de la república, Jesús Murillo Karam, Rubido dijo que el síndico de Iguala, Oscar Chávez Pineda, fue detenido con fines de presentación.
La CNS afirmó que en la búsqueda de los 43 jóvenes desaparecidos se han desplegado 16 equipos de inteligencia, 16 binomios caninos, 17 helicópteros, seis buzos, así como cuatro laboratorios móviles y se han realizado 500 recorridos de búsqueda, así como 70 sobrevuelos de reconocimiento en zonas rurales.
"La instrucción del presidente Enrique Peña Nieto a todas las instituciones que integran el gabinete de seguridad ha sido trabajar permanentemente en la localización de los 43 estudiantes de la Normal Rural Rául Isidro Burgos y la identificación, ubicación y aprehensión de todos los responsables", expresó.
Asimismo, Rubido dijo el gobierno mexicano "ha solicitado formalmente la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para dar seguimiento a la implementación de las medidas cautelares que están en marcha para proteger a todas las víctimas".
Los jóvenes desaparecieron el 26 de septiembre pasado de la ciudad de Iguala tras ser atacados por policías municipales e integrantes del grupo delincuencial Guerreros Unidos. En los incidentes murieron seis personas, tres de ellos estudiantes, y 25 resultaron heridas.
Delincuentes que han sido capturados en las últimas semanas han informado a las autoridades sobre la ubicación de fosas clandestinas en las que afirman sepultaron a los estudiantes. Sin embargo, hasta el momento se ha descartado que 28 cuerpos hallados en la primera fosa localizada el pasado 4 de octubre correspondan a los de los jóvenes.
Por el caso, hasta el momento han sido capturadas unas 50 personas, en su mayoría policías de Iguala y el municipio aledaño de Cocula.
