Policías rasos negocian con el gobierno un acuerdo para el cese del motín que se ha extendido a toda Bolivia, en tanto indígenas que marchan desde hace dos meses contra la construcción de una  carretera retrasaron su ingreso a La Paz para evitar que se los vincule con un supuesto complot contra el Presidente Evo Morales.

Mientras transcurren las negociaciones, cientos de uniformados alzados  volvieron a manifestarse esta jornada en las afueras del palacio de gobierno, en  la Plaza de Armas, donde el mandatario despachó en la mañana, según una fuente  del Palacio Quemado consultada por AFP.

Paralelamente, grupos de sectores sociales afines a Morales, entre ellos  muchos empleados de la administración pública, comienzan a reunirse esta tarde  en una plaza de las afueras de La Paz para un acto de apoyo al Presidente,  quien asistirá a esa concentración, según fuentes de la casa de gobierno.

"Que no llamen a ese acto (público de apoyo porque) lamentablemente va a haber enfrentamientos y va a empeorar la situación", advirtió Guadalupe  Cárdenas, líder de las esposas de policías amotinados.

A la Plaza de Armas, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo,  generalmente vedada a los manifestantes, llegaron por la mañana grupos de  maestros de la educación pública (dirigidos por trotskistas) para solidarizar  con los uniformados que, paradójicamente, normalmente son sus represores.

En medio de ese clima de crispación, una delegación policial reanudó negociaciones con tres ministros de Estado acerca de las condiciones  para levantar el motín de policías rasos que en seis días se extendió a los nueve departamentos de Bolivia.

La base del diálogo gira en torno al pedido de un salario básico de 2.000  bolivianos (unos 287 dólares), abrogación de un régimen disciplinario de la  policía, jubilación con el 100% del último salario, creación de una defensoría  policial y garantías de que los policías amotinados no sufrirán represalias.

A pesar de las negociaciones en curso, los policías amotinados seguían en  poder de 25 a 30 cuarteles y comandancias regionales en Bolivia.

Firme en su tesis de que se intenta fraguar un golpe de Estado, la ministra  de Comunicación, Amanda Dávila, declaró a la estatal radio Patria Nueva que  "éste no es un movimiento cualquiera: tiene el poder de las armas, de los gases  lacrimógenos y todas las herramientas" que ahora ha volcado "contra el Estado  Plurinacional".

En la misma dirección, los gobernadores de ocho departamentos del país,  excepto Santa Cruz, rechazaron el martes, convocados por el gobierno, los  supuestos aprestos conspirativos contra el Presidente Morales.

"Repudiamos y condenamos los afanes y propósitos de grupos conspiradores y  sediciosos que están generando hechos de violencia y cuyos actos están  orientados a desestabilizar el proceso democrático promoviendo un golpe de  Estado", manifestó el gobernador de La Paz, César Cocarico.

Dávila puso como evidencia del plan conspirativo un atentado con dinamita  que cortó esta madrugada las transmisiones de una radio del sindicato campesino  de Oruro, afín al gobierno.

Además, el edificio del Congreso sufrió anoche un atentado con  dinamita que provocó daños en el despacho de la presidenta de la Cámara de  Diputados, denunció este martes un influyente parlamentario del oficialismo.

MARCHA
Con el fin de evitar acusaciones de conspiración contra Morales, la marcha  de indígenas de la Amazonia, que rechaza la construcción de una carretera por  su territorio, considerado área protegida, postergó su ingreso a La Paz,  después de caminar más de dos meses desde las tierras bajas hasta la sede de  Gobierno (un trayecto de 600 km).

Alrededor de unos mil indígenas amazónicos erigieron campamento a 12 km de  La Paz, en la localidad de Urujara, en medio de un drástico frío invernal que  ha afectado particularmente a mujeres y niños que acompañan la caminata.

Morales dijo EL domingo que sectores de oposición confabulan contra su  gobierno y buscan hacer coincidir los reclamos de los indígenas con el motín de  los policías. 

El vicepresidente Alvaro García mencionó incluso un supuesto "Plan Tipnis  (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure)" que buscaría  desestabilizar al gobierno.