Policías bolivianos de bajo rango mantienen por quinto día consecutivo la presión sobre el gobierno de Evo Morales para lograr mejoras salariales. Hoy se tomaron de manera pacífica el comando regional del departamento de Santa Cruz (este) y están alertas en varias ciudades del país, informó un dirigente.

"Hemos rechazado el acuerdo (firmado por el gobierno y los líderes  sindicales ayer) y vamos a seguir con nuestros reclamos, estamos  esperando que el gobierno escuche nuestras legítimas demandas", afirmó el  sargento Omar Huayllani, líder de los suboficiales de la ciudad de Santa Cruz,  900 km al este de La Paz, al tomar la comandancia regional.

Los dos sindicatos de policías, de suboficiales y de esposas, firmaron ayer un acuerdo con el gobierno, para elevar los sueldos mensuales en 220  bolivianos (32 dólares), pero después el entendimiento fue rechazado por sus  bases, que exigen un salario mínimo de 2.000 bolivianos (287 dólares).

Los uniformados mantienen el motín en la Unidad Táctica de Operaciones Especiales (UTOP, antimotines), el cuartel general de los sublevados a media cuadra de la plaza de armas de La Paz, donde se hallan las oficinas del  Presidente Evo Morales.

El movimiento de los agentes ya no cuenta con sus dirigentes, que fueron  acusados de traicionar las demandas del sector con la firma del acuerdo.

Entre tanto, el jefe nacional de la Policía, coronel Víctor Maldonado, dijo  anoche que tras el acuerdo firmado "las unidades policiales están  volviendo a la normalidad", aunque las medidas persisten en Cochabamba  (centro), Trinidad (noreste), Sucre (sureste) y Tarija (sur). La situación aún  era confusa en Oruro (sur) y Potosí (suroeste).

"¿Qué es eso de tomar instituciones, de salir a mostrar sus armas",  preguntó el viceministro de Interior, Jorge Pérez, entrevistado este lunes por  el canal privado de televisión PAT, e invitó "a los policías a retomar sus  labores".

Los sargentos y cabos esperan reorganizar su dirigencia, con delegados de  base de todo el país, para volver a intentar a dialogar. El gobierno insistió en los últimos días en la teoría de un golpe de estado  de la derecha detrás de las protestas de los uniformados.