Según los registros de la fiscalía, en lo que va del año se han instalado 18 bombas en Santiago, de las cuales cuatro han detonado en lugares público generando fuerte conmoción. De hecho, sólo en los últimos 10 días, tres de estos artefactos estallaron, en Lo Prado, Las Condes y Santiago.

Al ataque registrado en un vagón del Metro el pasado 13 de julio, en la estación Los Dominicos, se suman otros dos atentados explosivos ocurridos en menos de 24 horas en la comuna de Santiago. El primero ocurrió a las 0.15 de ayer, en la parroquia Santa Ana, ubicada en calle Catedral, donde un artefacto detonó en el frontis del recinto y se hallaron panfletos alusivos al caso de Mónica Caballero y Francisco Solar, absueltos del caso bombas y ahora procesados en España por terrorismo, por instalar un artefacto explosivo en una iglesia.

El segundo dispositivo, en tanto, fue detectado a las 7.20 horas y alcanzó a ser desactivado por Carabineros antes de detonar frente al jardín infantil "Zona de Niños", de calle Almirante Hurtado, donde algunos menores ya habían sido dejado por sus apoderados por lo que fueron evacuados. El recinto está ubicado a pocos metros de la casa de un funcionario de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), dependiente de la ONU. Por estos hechos, el gobierno se querellará por los delitos de porte de artefacto explosivo y daños. Aunque las dificultades para acreditar un ánimo terrorista han sido un factor determinante en La Moneda a la hora de recurrir o no la Ley Antiterrorista, en este caso evalúa invocarla.

El vocero de Gobierno, Alvaro Elizalde, dijo ayer que "las bombas de los últimos días, en un vagón del Metro, en una iglesia y ahora en un jardín infantil, son hechos gravísimos que el gobierno condena enérgicamente".

La seguidilla de ataques llevó al Ejecutivo a reforzar las medidas de seguridad y patrullajes en espacios públicos; también a La Moneda a pedir a las policías un trabajo más acucioso y rápido para identificar a los responsables.

"Esto obliga a que las investigaciones de las policías y el trabajo del Ministerio Público sean más rápidos, más acelerados, y lo antes posible podamos tener antecedentes de quiénes son estas personas", dijo ayer el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo.

El jefe de gabinete, además, indicó que tras los bombazos, se está "trabajando con las policías para que la inteligencia (policial) sea capaz de descubrir pronto -bajo la investigación que le corresponde al Ministerio Público- quiénes están detrás de estos artefactos explosivos".

Altas fuentes policiales aseguraron que una de las estrategias desplegadas tanto por los equipos de inteligencia de Carabineros, como de la PDI, apuntan a identificar y rastrear a los miembros de grupos anarquistas vinculados a ex imputados y condenados por colocación de artefactos explosivos.

La medida, aseguran las mismas fuentes, permitirá "recabar información de estas personas y seguir de cerca las actividades de estos grupos antisistémicos".

El análisis de medios de "contrainformación", donde se difunden las reivindicación de los atentados, y el análisis de las visitas a reos condenados por bombazos o que pertenecen a grupos subversivos son otro blanco de las policías.

Contrachequeo

Una de las dificultades que afronta el Ministerio Público y las policías al momento de identificar a los autores de los bombazos es la falta de evidencias y testigos de los hechos.

En este sentido, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, aseguró que detrás de los atentados hay grupos antisistémicos que "compartimentan la información, tienen labores de chequeo de las personas que los están investigando, no tienen una cultura organizacional tan jerárquica, tienden a ser más horizontales. Todo esto dificulta su investigación".

Para la máxima autoridad del Ministerio Público, "poner bombas en un objetivo civil, en un principio, puede ser delito terrorista. Ahora, utilizar la figura de la Ley Antiterrorista implica probar el ánimo y el temor, y ese es el problema desde el punto de vista jurídico".

Gustavo Hasbún, diputado UDI y miembro de la Comisión de Inteligencia de la Cámara Baja, dijo que "este tema se le está escapando de las manos (al gobierno). Esta es una situación que dejó de ser espontánea, que sucede cada cierto tiempo".

Por esta razón, el legislador, junto a su par Juan Antonio Coloma, solicitó que se cite al director de la Agencia Nacional de Inteligencia, Gustavo Villalobos, y a los jefes de inteligencia de las Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI.

Presidente de Metro anuncia plan de seguridad tras bombazo

Aldo González, el presidente de Metro, acudió ayer a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados, para informar sobre el atentado que ocurrió dentro de un carro en la estación Los Dominicos, la noche del 13 de julio. La sesión, que tuvo carácter de secreta, duró cerca de una hora. Al término, González dijo que se informó "de las medidas (de seguridad) en el mediano y largo plazo". Agregó que se están "intensificando los patrullajes y revisión de carros" y que se evalúa instalar cámaras en los vagones.