"Los cargos formulados deberán ser dejados sin efecto, por cuanto nuestro representado jamás ha participado en ningún 'esquema' que haya tenido por objeto beneficiarlo a él ni a sus sociedades relacionadas, como pretende señalar la teoría elaborada por esta superintendencia". Así parten las 500 páginas de los descargos  presentados por la defensa de Julio Ponce a la formalización de la Superintendencia de Valores (SVS), por supuestas infracciones a las leyes de S.A. y mercado de valores, en transacciones de  acciones de las sociedades controladoras de SQM (cascadas).

Los argumentos elaborados por Raimundo Labarca, Alejandro Parodi y Alvaro Jofré se centran en desmantelar las imputaciones del fiscalizador, enfatizando que la SVS dejó en evidencia una "animosidad de incriminar" a su cliente, por cuanto se basó sólo en su teoría del "esquema", que califican de "antijurídica"; que estas operaciones no fueron ficticias ni ilegales, porque  se hicieron a precio de mercado, a través de la Bolsa y participaron terceros.

Enfatiza que es " inaceptable que no se haga mención a la crisis subprime (que afectó al mercado desde el segundo semestre de 2008), lo que consideran relevante en el análisis, porque  "cuando los mercados se van al suelo y los bancos no tienen liquidez, las empresas tienen que extremar esfuerzos para salir adelante. Eso fue lo que hicieron las empresas del grupo controlador". Agregan que los efectos de la crisis obligaron a la venta de activos, pagar pasivos y hacer aumentos de capital para juntar caja.

Afirman que la SVS "mantuvo oculta la participación de terceros y omitió referirse a los compradores y vendedores de acciones que no eran funcionales a su teoría". Argumentan que eso pasó, por ejemplo, en el cargo referido a la compra de 85.664.512 acciones de Calichera por parte de  Oro Blanco (15 de junio al 6 de julio de 2009), por cuanto señala que 57% fueron vendidas a Oro Blanco por algunas sociedades asociadas a la teoría del esquema, pero no identifica al 43% restante.

En la misma línea, insisten en que la participación de terceros descarta la tesis del esquema: "Según la autoridad, el esquema funcionaba gracias a que los mecanismos bursátiles que se habrían utilizado impedían la participación de terceros, lo cual permitiría que los precios fueran 'concertados'. (...) La verdad es que los terceros siempre participaron en las operaciones de la Bolsa que se reprochan y los precios fueron siempre de mercado, fruto de la oferta y la demanda", ya que se hicieron vía remates.

Agregan que la autoridad sólo preguntó a las corredoras de la Bolsa por la participación de "la sociedades relacionadas, vinculadas e instrumentales", pero no quiso investigar si en esos remates habían intervenido Moneda, las AFP u otros terceros, cuya participación deja de manifiesto que las operaciones cuestionadas son válidas.

Arguyen que quién podría dudar de la legalidad de los remates y de que se realizaron en condiciones de mercado, si los propios denunciantes (Moneda y AFP) se adjudicaron paquetes relevantes de acciones en las mismas condiciones que sociedades relacionadas, vinculadas e instrumentales.

Enfatizan que la legitimidad de los remates se ve confirmada en que los principales grupos económicos también realizan este tipo de operaciones con difusión de 20 horas en un lote. Mencionan a los Luksic, Matte, Claro, Cueto, entre otros.

La defensa de Ponce también plantea que para la autoridad, el precio de mercado es el promedio ponderado de los 15, 30 y 60 días bursátiles previos a la operación, pero que esto es "una aberración desde un punto de vista económico", y que "no existe ningún razonamiento técnico ni jurídico que lo sustente".

MINORITARIOS BENEFICIADOS

Aseveran que los minoritarios obtuvieron un mayor beneficio que el controlador en las operaciones y que nunca hubo intención de perjudicarlos: "Muy por el contrario. No obstante que siempre asumió más riesgos que los terceros, tanto por los montos invertidos como por el volumen de deuda que contrajo, nuestro representado obtuvo menos retornos por sus inversiones que un minoritario que hubiera concurrido a los aumentos de capital y mantenido su inversión en el período investigado" (hay un gráfico con la variación patrimonial  de las sociedades de Ponce y los minoritarios). Agregan que durante este período, un accionista que invirtió en Norte Grande y sus filiales obtuvo mayores réditos que invirtiendo igual monto en SQM.

DIRECTORES INDEPENDIENTES

Afirman que la SVS incurre "en un sesgo inaceptable" al hacer referencia sólo a los directores familiares de Ponce, porque en los directorios de Norte Grande y sus filiales se integraron profesionales independientes, que incluso han sido designados por los minoritarios, quienes aprobaron todas las operaciones que se cuestionan. Menciona a Pablo Guerrero, abogado de Barros Errá-zuriz; Alejandro Ferreiro, ex superintendente de Valores; Luis Vásquez, ex director de Acciones de Molina, Swett y Valdés Corredores; Juan Ignacio Domínguez, Patricio Phillips, Pablo Baraona, Osvaldo Puccio, Roberto Izquierdo, Juan Luis Rivera y Fernando Tisné,  de Moneda, entre otros.