Distintas son las percepciones que tienen los estudiantes de la Universidad del Mar, frente al posible cierre de la institución. Mientras algunos están optando por defender su casa de estudios y seguir asistiendo a clases, otros quieren ser reubicados en otras instituciones y dejar atrás el trago amargo que ha significado la noticia que reveló la investigación del Ministerio de Educación.
El secretario de comunicaciones de la Federación de Viña del Mar, Pablo Olivares, aseguró que "estamos en contra del cierre y confiamos en las nuevas autoridades de la universidad", advirtiendo que "cada vez que nos intentamos levantar como universidad, se nos ha puesto trabas, se nos pone el pie encima. Es la campaña del terror del ministerio de Educación con nosotros".
Esto, porque según Olivares, "ellos (Mineduc) no han visto que ha pasado después de la crisis. Nadie ha dicho que esto ha pasado, pero tampoco nadie ha dicho que se está solucionando".
"Nadie está poniendo en duda que el problema existe, que hubo una mala administración, que puede derivar en una mala educación, pero no es justo que tengamos que pagar por errores de otros", afirmó el dirigente señalando que "estamos asistiendo a clases, aunque los profesores no tiene sus sueldos pagados, siguen viniendo a clases, hay confianza en este proyecto".
Distinta opinión tiene el presidente de la Federación de Iquique, Alejandro Silva, quien aseguró que la reubicación de los alumnos "es una opción que mejoraría los procesos académicos y el impacto laboral de la desvalorización de título".
"Me extraña que estudiantes pidan la continuidad de este proyecto educativo a pesar de los antecedentes contundentes que demuestran que no es posible", agregó Silva. Según el dirigente, la versión de los estudiantes de la sede de Viña del Mar se trata de "las víctimas defendiendo al victimario. Es una frustración al miedo de no querer reconocer que hemos sido vulnerados".
BULLYING
"Nosotros tenemos bastante claro que hemos sido discriminados, quienes buscan práctica por ejemplo", explicó Olivares, señalando que "nosotros nunca hemos puesto en juego la calidad que entrega la universidad". Esto, según el dirigente, porque "sin los controladores en la junta directiva, como era antes, la cosa ha cambiado. Los responsables tienen nombre y apellido". Es más, "ahora estamos trabando por fin de forma triestamental", agregó.
Para el estudiante de Enfermería de la casa de estudios (sede Maipú), Giovanni Aguiler, si bien todavía no hay una postura definida, "algunos dicen que sería mejor que la cerraran y reubicaran a los estudiantes, pero otros piensan que va a afectar la credibilidad a la hora de ir a buscar trabajo. Ya nos hacen bullying en otras universidades y da vergüenza".
Sin embargo, para Olivares, "la mayor señal que podemos dar es continuar con las clases" y explicó que ya están gestionando una entrevista con el titular del Mineduc, Harald Beyer, porque "queremos dialogar, no nos cerramos a nada".
Silva, en tanto, agregó que "la única forma de resguardar el proceso académico y que sea de calidad es que nos reubiquen y cumplan con los estándares mínimos para desarrollar carreras de pregrado. El gobierno debe asumir la responsabilidad y la sanción para los contralores es el cierre de la institución. Se acabo la gallina de los huevos de oro".
"Las sanciones que les corresponden a los ladrones nos parecen éticas, pero los estudiantes sentimos que estamos un poco a la deriva, que la reubicación es lo único que puede reparar de alguna manera el daño que se nos ha producido. La próxima semana emplazaremos al ministro para que dé alguna respuesta. Queremos que se pronuncie", señaló la dirigente de la sede de Maipú, Laura Ceballo.
