Las últimas dos semanas han estado marcadas por el debate y la batalla legal que provocó el veto migratorio que Donald Trump autorizó el 27 de enero para impedir el ingreso de ciudadanos de siete países predominantemente musulmanes, pero esta no es la única medida que ha tomado el mandatario en esta materia.
Dos días antes, el presidente firmó la orden ejecutiva "Mejorar la seguridad pública en el interior de Estados Unidos" que establecía, entre otros puntos, bloquear el desembolso de fondos federales a las jurisdicciones santuario, término que hace referencia a las urbes o municipalidades que protegen a los inmigrantes ilegales al negar la entrega de información sobre dichas personas a los agentes federales que ejecutan las leyes migratorias.
Un estudio elaborado por el sitio web Open The Books, proyecto de la organización American Transparency, reveló que en el año fiscal 2016, el gobierno otorgóUS$ 26.741 millones a 106 ciudades santuario a través de subvenciones federales y pagos directos que permiten financiar los departamentos de policía y bomberos, las escuelas públicas y los programas de vivienda, entre otros. De este monto, casi el 60% (US$ 15.983 millones) se destinó a 12 metrópolis, incluyendo las tres ciudades con más población del país: Nueva York, Los Angeles y Chicago.
Según datos del Instituto de Política de Migración citados en el informe, de los 11,1 millones de inmigrantes ilegales, 5,9 millones (53%) residen en una urbe refugio, mientras que 2,2 millones (20%) habitan en una de las 12 localidades que más recursos reciben. Dentro de este último grupo, 1,7 millón (77%) vive en las tres mayores localidades.
Zonas más vulnerables
El reporte asegura que el costo promedio de la pérdida del financiamiento federal para una familia de cuatro es de US$ 1.810, es decir, US$ 454 por individuo. "Los alcaldes que defienden su estatus de ciudad santuario al negarse a cumplir la ley federal están, en esencia, imponiendo un impuesto de resistencia sobre los residentes locales", comentó Adam Andrzejewski, director ejecutivo de Open The Books.
En términos per cápita, los habitantes de Washington DC y Chicago son los que recibieron la mayor cantidad de fondos federales conUS$ 3.228 y US$ 1.942 por persona, respectivamente, por lo que son los que más tienen que perder si mantienen su categoría de refugio.
Si bien la orden ejecutiva aún no comienza a aplicarse, algunos territorios ya han reaccionado a la amenaza. El 26 de enero, es decir, un día después de que Trump firmara el documento, el condado de Miami-Dade abandonó su política de santuario y el alcalde le ordenó a las cárceles que obedezcan las demandas de los agentes de migración. La jurisdicción recibiría US$ 355 millones en 2017, según el Miami Herald.
En tanto, ocho estados planean bloquear el financiamiento estatal para las urbes que protegen a los indocumentados.
