Las autoridades judiciales de Nicaragua pospusieron hoy por un mes un juicio contra 18 falsos periodistas de la cadena mexicana Televisa, capturados con 9,2 millones de dólares y acusados de lavado de dinero, tráfico de drogas y crimen organizado, se informó en Managua.
Así lo decretó el juez Edgard Altamirano, titular del Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicios de Managua, quien presidió una sesión en los juzgados en Nejapa, al suroeste de la capital, a la que los 18 acusados fueron llevados bajo fuerte custodia policial.
Tras una audiencia de varias horas, Altamirano anunció el inicio formal del juicio oral y público para el próximo 10 de diciembre, pese a que se había planificado una maratónica jornada de tres días a partir de este viernes.
El juez escuchó los argumentos del fiscal Giscard Moraga, que solicitó incluir en el expediente las declaraciones de 12 testigos. Entre ellos figuran tres testigos "sin rostro", de los cuales dos son empleados de un hotel capitalino donde el grupo se hospedó meses atrás.
El juez aceptó la petición de la Fiscalía y rechazó una solicitud del abogado defensor Ricardo Ramírez, quien pidió excluir tales declaraciones. Ramírez también se opuso a que se incluyera como prueba un correo electrónico del embajador mexicano en Managua, Rodrigo Labardini, donde aseguraba que ninguno de los detenidos trabajaba para Televisa.
Los mexicanos fueron detenidos a fines de agosto pasado después de ingresar a Nicaragua desde Honduras por la frontera terrestre de Las Manos, a bordo de seis camionetas con emblemas de la cadena de televisión y en las que la Policía descubrió 9,2 millones de dólares.
La jefa de la presunta banda narcotraficante, Raquel Alatorre Correa, mantuvo una expresión severa e imperturbable durante la audiencia en las supervigiladas instalaciones judiciales.
La decisión del juez Altamirano de reprogramar el juicio sorprendió a los más de 80 periodistas locales y extranjeros que cubrían la sesión, a que la asistieron como observadores el cónsul mexicano, Germán Munguía, y los abogados Ulises Tapia y Orietta Benavides, representantes de Televisa.
Moraga destacó que, en todas sus declaraciones, los 18 detenidos han insistido en que son empleados de la televisora mexicana, pese a que la empresa asegura que no tiene nexo alguno con los procesados.
El 29 de agosto, Televisa presentó una denuncia ante las autoridades mexicanas admitiendo la posibilidad de que algunos de los vehículos confiscados en Nicaragua hayan sido indebidamente registrados, con documentación falsificada, como propiedad de la compañía.
