El Primer ministro italiano, Mario Monti, aprobó un decreto que restringe aún más el uso de los autos oficiales de la administración pública, con el que el Ejecutivo pretende conseguir un "ahorro significativo".

Según informó hoy el gobierno italiano en un comunicado, la decisión fue aprobada a propuesta del ministro de Administración Pública y Simplificación, Filippo Patroni Griffi, y fue enviado este mismo viernes al Tribunal Administrativo Regional (TAR).

En una ordenanza del pasado 10 de noviembre, el TAR había exigido que se revisara el decreto del 3 de agosto de 2011 aprobado por el gobierno de Silvio Berlusconi, en el que se excluía de la aplicación de las restricciones a "los órganos constitucionales, las regiones y los entes locales, así como a las administraciones que no usan más de un vehículo oficial".

Con este dictamen, Monti amplía las restricciones en el uso de los autos oficiales que hacía la norma anterior a esos organismos y además impone el uso de transporte público a las categorías afectadas por él, a no ser que haya una urgencia y no cuando se asegure la misma utilidad que con el uso de vehículos oficiales.

En ese decreto del 3 de agosto, que venía a desarrollar uno de los puntos del primer plan de ajuste de Berlusconi de este verano, se establecen los cargos que tienen derecho a un auto oficial exclusivo, entre ellos el jefe del gobierno, y la obligación a reducir el número de vehículos propiedad del Estado, apostando por el uso de conciertos con empresas de taxi siempre que sea necesario.

En el decreto del gobierno de Berlusconi se recoge además la exigencia de "contención de los costos de gestión de los vehículos oficiales, también mediante la reducción de la potencia, la cilindrada, el consumo de combustible y los gastos de mantenimiento".

Un censo del anterior Gobierno italiano que recogió datos de 2008, 2009 y 2010 sobre un 80 % del total de la administración pública puso de relieve que en Italia hay 5.000 autos de "representación político-institucional", 10.000 vehículos oficiales al servicio de los dirigentes de las administraciones y unos 71.000 para actividades operativas como controles ambientales o conservación del territorio.