El gobierno argentino comenzó a estudiar diferentes estrategias para afrontar una situación de default en la que podría caer si hasta el miércoles no llega a un acuerdo en el litigio judicial con los llamados "fondos buitre", indicó hoy la prensa local.

Medidas de aliento al consumo interno, impulso a programas de créditos para la compra de viviendas y automóviles, iniciativas que impidan el despido de trabajadores y el financiamiento a pequeños empresarios serán algunas de las decisiones que la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, tomará ante un escenario de cesación de pagos, indicó hoy el diario La Nación.

"En el Ministerio de Economía creen que 'el impacto sobre la economía no será de la magnitud del default de 2001", señaló el diario Clarín.

En tanto, el matutino Página/12 consideró que la situación económica no será "nada agradable, pero tampoco el abismo que vaticinan quienes precisan de él para imponer nuevas condiciones al país y a sus habitantes", agregó.

El mismo diario asegura que, en otras decisiones, el gobierno argentina "reducirá la importación de productos sofisticados para el consumo de las clases medias" y aprovechará el convenio de intercambio firmado semanas atrás con el Banco Central de China por 11.000 millones de dólares. De este modo, agregó, "podría equilibrar las presiones devaluatorias y nuevas medidas de protección del abastecimiento obstruirían una disparada inflacionaria". 

"Argentina no va a entrar en default por una razón esencial: porque en default entran los que no pagan y Argentina pagó. Van a tener que inventar un nombre nuevo", dijo el miércoles Cristina K. Así, hizo referencia a los 539 millones de dólares que el Estado argentino depositó a fines de junio en el Banco New York Mellow (BONY) para pagar un vencimiento de la deuda que mantiene con los bonistas de la deuda reestructurada.

Este pago, sin embargo, fue frenado por el juez estadounidense Thomas Griesa, que consideró que no puede hacerse efectivo hasta que Argentina cumpla con su sentencia: abonar en una vez y en efectivo 1.500 millones de dólares a los holdouts.

Argentina reiteró que no puede cumplir el fallo porque, en caso de hacerlo, estaría incumpliendo la cláusula RUFO, que le impide alcanzar con los acreedores un mejor acuerdo que el que ya aceptaron los bonistas de reestructuración de la deuda en 2005 y 2010. 

El país cuenta hasta el miércoles próximo para arribar a un acuerdo con los "fondos buitre" que destrabe el pago depositado en el BONY o, como solicitó en varias oportunidades, que el juez Griesa extienda el plazo de negociación entre las partes. Si nada de esto ocurre, caerá en una cesación de pagos como a fines de 2001.