Más dudas que certezas alberga el mundo empresarial sobre la forma en que el Ejecutivo aplicará la nueva ley de reciclaje. La norma, que busca elevar la tasa de reutilización de desechos desde menos del 10% actual al 30%, designa expresamente al generador del producto como responsable de los residuos originados, los costos asociados y las externalidades negativas de su manejo.

Bajo la premisa de que "el que contamina, paga", la ley vigente desde junio de 2016 obligará en primera instancia a reciclar y valorizar seis productos llamados prioritarios: aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, baterías, neumáticos, envases y embalajes, y pilas (ver destacados). También establecerá metas para que las compañías recuperen un porcentaje de sus productos una vez que estos terminen su vida útil.

El establecimiento de las metas, la forma en que operará la nueva normativa y la formalización del sector que estará encargado de recolectar y realizar el reciclaje de los residuos son las principales preocupaciones de los privados. Así quedó de manifiesto durante el proceso de consulta liderado por el Ministerio del Medio Ambiente para la redacción de los reglamentos que forman parte de la ley.

El tema también inquieta a la autoridad, puesto que Chile es uno de los países de Latinoamérica que más desechos sólidos genera a nivel urbano: cerca de 17 millones de toneladas cada año, de los cuales cerca de siete millones corresponden a residuos domésticos.

Según la última Evaluación de Desempeño Ambiental realizada por la OCDE y divulgada en julio del año pasado, Chile es una de las economías de ese grupo que más basura traslada a los rellenos sanitarios: 96% de los residuos totales recolectados en 2010-2011. En promedio, en estos países sólo el 44% de los desechos termina en rellenos sanitarios, el 34% se recicla y el 22% se incinera.

Primeros reglamentos

Las inquietudes de los privados dicen especial relación con la metas de recuperación de residuos que la nueva Ley de Reciclaje y Responsabilidad Extendida del Productor impondrá a cada sector y la forma en que se materializará el nuevo mercado de los "gestores colectivos", encargados de recolectar y reutilizar los productos.

Las dudas cruzan a sectores tan diversos como los supermercadistas, vendedores de neumáticos, telefonía móvil y la industria del plástico. Eso, sólo por nombrar a algunos de los gremios que enviaron sus observaciones al proceso de consulta ciudadana iniciado por el Ministerio del Medio Ambiente en diciembre pasado para discutir los reglamentos en los que está avanzando el Ejecutivo. Este proceso finalizó el 6 de enero pasado.

"Los tres primeros reglamentos que se están elaborando son el Procedimental, de Movimiento Transfronterizo de Residuos y del Fondo para el reciclaje", explica el ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier.

Añade que hoy están revisando y analizando las observaciones recibidas para, próximamente, someter el proyecto de reglamento definitivo al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, tal como quedó establecido en la Ley 20.920.

El gobierno trabaja aceleradamente, dado que su compromiso es tener a junio de este año todos los reglamentos elaborados. Pero la labor del Ejecutivo también ha estado centrada en las mesas público-privadas para avanzar en el establecimiento de las metas de reciclaje que se diseñarán para cada producto prioritario.

Las reuniones comenzaron una vez promulgada la ley, pero las últimas citas han sido semanales, cuenta una fuente cercana al Ejecutivo.

Metas realistas

A través de la Sofofa, los gremios han establecido un diálogo franco con la autoridad, con la finalidad que se acojan las inquietudes del sector. Así lo comenta la gerente general de AB Chile, Marisol Figueroa. "Como AB Chile, a través de Sofofa, hemos establecido un diálogo muy fluido y coordinado con el Ministerio del Medio Ambiente. Esto nos ha permitido realizar diversas acciones en conjunto, entre las que se encuentran talleres técnicos, de análisis y de difusión de la denominada Ley Rep.", indica.

Agrega que estas instancias permiten, en el caso de AB Chile, dar a conocer a la autoridad la realidad de la industria de alimentos, con sus características propias y su dinamismo, desconocidas para quienes no forman parte de ella. "Y eso, estamos confiados, redundará en el establecimiento de metas de recolección y valorización realistas y ajustadas a lo que realmente ocurre en este sector, basados en análisis técnicos e información fidedigna", señala Figueroa.

La industria espera que la norma se comience a implementar hacia el 2018. Esto considerando que el ministerio prevé que durante este año y el próximo se avance en el diseño de los decretos supremos que establecerán los porcentajes de los productos que deberán ser reutilizados.

Gradualidad y representatividad

Pero uno de los puntos que los privados quieren dejar en claro, pese a que está así establecido en la normativa 20.920 -artículo segundo- es el concepto de gradualidad. De hecho, las empresas lo han destacado entre las observaciones que enviaron a la cartera que dirige Pablo Badenier.

Ese el caso de la Asociación de Supermercados de Chile (Asach), que en sus primeros comentarios sugiere esclarecer este carácter de la norma. "El ministerio, considerando el principio de gradualidad y, cuando sea pertinente, establecerá mediante decreto supremo los siguientes instrumentos destinados a prevenir la generación de residuos y/o promover su valorización", plantea en el documento.

Otro de los puntos que generan inquietud tiene relación con los integrantes que serán parte del comité operativo ampliado, instancia compuesta por 20 personas, creada por el Ministerio del Medio Ambiente y cuya finalidad es consultar por el contenido de los decretos que establecerán las metas.

Dada su relevancia, la Sofofa solicita a Medio Ambiente una "adecuada representatividad y una oportuna contribución" de la nueva instancia. Para eso, pide conocer la constitución del comité antes de conocer el anteproyecto del decreto respectivo, la determinación de la representación, la existencia de quórum mínimo de las sesiones y la alusión al carácter público de las observaciones.

Los neumáticos

En cuanto a las metas específicas, el gerente general de la Cámara Nacional del Neumático de Chile (Cinc), José Browne, indica que debe haber un equilibrio. "Si las metas son demasiados bajas, nadie tendrá interés en invertir, porque no habrá demanda. Pero si nos vamos al otro extremo y las metas son demasiado altas, nadie las podrá cumplir y,como no existe la tecnología necesaria para cumplirla, la meta va a colapsar", señala.

Asegura que en el caso de los neumáticos, hoy la industria ya recicla el 5% de las 130 mil toneladas de residuos que se generan al año, labor que tiene un valor promedio de US$ 250 la tonelada, lo que abarca tanto a neumáticos de bicicletas como de autos, buses, camiones y camiones mineros. Por eso, Browne espera que su producto sea el primero que comience con la norma, decisión que deberá tomar Medio Ambiente. "Podríamos empezar con una meta de 10% para que motive la creación de un mercado del reciclaje y de ahí ir subiendo", dice.

A la Asociación de Industriales del Plástico (Asipla) también le preocupa el cumplimiento de las metas de reciclaje. En las observaciones que envió a la cartera sugiere que "sea responsabilidad compartida de todos los actores el cumplimiento de las metas de recolección. Asimismo, creemos que es de suma importancia el concepto de gradualidad, para permitir entender el comportamiento del mercado y establecer objetivos y metas realistas acordes a la situación y necesidades de cada producto".

En la Asociación de Telefonía Móvil (Atelmo) indican que en el análisis que realice la cartera que dirige Pablo Badenier se debe considerar "el dinamismo y agilidad de las telecomunicaciones, así como también lo esencial que es la conectividad en la vida cotidiana de las personas". Añaden que, considerando el carácter masivo de este sector, también debe contemplar a los consumidores. "Su participación activa es fundamental para la correcta implementación de la Ley de Responsabilidad Extendida al Productor".

Gestores colectivos

La ley también crea la figura de los gestores colectivos. La forma en que trabajará este sistema, que agrupará a un conjunto de productores que quieran asumir el cumplimiento de sus obligaciones de manera colectiva, también inquieta a la industria. Para la operatividad, los productores deberán constituir una persona jurídica que no distribuya utilidades entre sus asociados, y ellos serán los encargados de licitar los servicios de recolección y reciclaje de los productos. Además, serán los responsables del proceso de reciclaje ante la autoridad.

Y ese punto quiere dejar en claro la Asach: "Estimamos necesario que se establezca de manera clara y explícita que la recepción y aceptación de los residuos debe ser cumplida en el lugar que se disponga y acordado previamente con el sistema de gestión. De esta forma, es el sistema de gestión quien tendrá la exclusiva responsabilidad de contar con una instalación de manera de satisfacer las exigencias requeridas", señala.

Esta aclaración no es menor considerando que según la norma, en un escenario de incumplimiento, cada productor deberá responder ante el sistema colectivo que integra, en proporción a las metas que se le apliquen. Las multas van desde las infracciones catalogadas como gravísimas, que llegan hasta 10.000 UTA (Unidad Tributaria Anual), es decir, unos US$ 7,4 millones, a las graves, de US$ 3,1 millones (5.000 UTA), y leves, de US$ 738 mil (1.000 UTA).