Un grupo de legisladores opositores solicitaron el jueves a la justicia que investigue a la Presidenta Cristina Fernández y a su esposo, el ex mandatario Néstor Kirchner, por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero luego de que el matrimonio declaró un aumento del 158% de su patrimonio en el último año.
Además, un abogado particular pidió reabrir una causa contra el ex Presidente (2003-2007) por presunto enriquecimiento ilícito que fue cerrada en 2008.
Los diputados Fernando Sánchez, Elsa Quiroz y Juan Carlos Morán, de la opositora Coalición Cívica, acudieron a los tribunales federales para ampliar una denuncia que habían presentado el año pasado contra Kirchner y un grupo de funcionarios por asociación ilícita.
En el nuevo escrito presentado ante el juez federal Julián Ercolini, los legisladores piden se "amplíe los términos de la denuncia a Cristina Elisabet Fernández de Kirchner", quien no figuraba en la demanda original, y que además al matrimonio Kirchner se lo "investigue por la posible comisión de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero".
12 MILLONES DE DOLARES
La presentación se realizó en base a la última declaración jurada de los Kirchner presentada ante la Oficina Anticorrupción y que se difundió el martes. En ella, informan que durante 2008 su patrimonio neto pasó de 4,6 millones de dólares a 12 millones de dólares, lo que representa un incremento del 158%.
"La obviedad y novedad de la ampliación de la denuncia es la imposibilidad de explicar de manera razonable el incremento de dinero en la declaración de patrimonio que presentó Cristina Fernández", explicó en un comunicado.
Los Kirchner justificaron el incremento por la venta de 16 inmuebles en Santa Cruz, provincia natal del ex presidente; la triplicación de sus depósitos bancarios; y la creación de dos nuevas empresas vinculadas al negocio hotelero.
También como consecuencia de la nueva declaración jurada, el abogado Ricardo Monner Sans solicitó al juez federal Rodolfo Canicoba Corral la reactivación de la causa contra Néstor Kirchner por presunto enriquecimiento ilícito iniciada a principios del año pasado y que fue archivada por Cámara Federal por falta de pruebas.
