El diputado UDI, Enrique Van Rysselberghe, presentó una indicación al proyecto de ley que modifica las disposiciones legales en materia de vivienda y urbanismo, que obliga a los propietarios de los edificios a cancelar los costos de demolición, con el objeto de favorecer la reconstrucción tras el terremoto del 27 de febrero de 2010.

"Debemos evitar que el Estado cobre a los propietarios el costo total de la demolición, tal como lo exige la ley", dijo el parlamentario por el distrito 44.

El diputado UDI sostuvo que agregó al artículo 5 del proyecto de ley que este costo "podrá ser condonada en todo o parte por el alcalde en casos calificados".

Asimismo, Van Rysselberghe explicó que la condonación procedería de pleno derecho cuando el propietario haya sido mayor de 65 años el 27 de febrero de 2010 o padezca alguna discapacidad.

También el legislador aseguró que la ley vigente, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 153 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, cita que "los alcaldes en aquellos casos en que los propietarios no demolieron las edificaciones en los plazos fijados, deben proceder a la demolición de la obra ruinosa o de la parte de la misma que corresponda, por cuenta del propietario y con el auxilio de la fuerza pública".

Van Rysselberghe manifestó que esta situación en algunos casos es injusta, pues obliga a los alcaldes a demandar a quienes han quedado damnificados, "por lo que parece razonable entregar a los alcaldes la facultad de condonar las deudas por este concepto a las personas vulnerables".