A pesar de que el gobierno bajó la suma urgencia, más de 10 indicaciones han sido ingresadas esta semana a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, en la primera tramitación del proyecto de ley que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación.

La llamada ley corta de seguridad ciudadana ya avanzó en la aprobación de un polémico inciso, presentado por la Alianza, que faculta a las policías a efectuar controles de identidad preventivos. Ahora será el turno de visar otra moción que le entrega a los inspectores municipales la atribución de exigir la documentación a quienes sean sorprendidos cometiendo alguna falta.

Este nuevo articulado, ingresado el martes por el diputado Daniel Farcas (PPD), acoge la demanda que manifestaron los alcaldes de Santiago y Recoleta, Carolina Tohá y Daniel Jadue, en la sesión del pasado lunes, donde ambos ediles coincidieron en la necesidad que los inspectores municipales sean declarados ministros de fe y que la obstrucción a la fiscalización sea motivo de sanción.

La redacción establece sanciones pecuniarias, a beneficio municipal, que van desde cinco a 10 UTM, contra quienes desobedezcan a la exhibición del carné u otro registro de identidad, mientras se les esté cursando un parte, lo que significará una doble infracción.

"De negarse la persona, está cometiendo otra falta, por lo que el fiscalizador podrá llamar a Carabineros para efectuar la atribución, que se extiende a quienes entreguen identificación o domicilio falso", señaló Farcas.

En esa línea, la alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá (PPD), expresó que "negarse a identificarse no tiene consecuencia, entonces todos se niegan. Es un problema grave, porque no se pueden concretar infracciones, porque la persona no entrega sus datos".

Asimismo, el edil de Recoleta, Daniel Jadue (PC), precisó que "me parece bien, porque no podemos hacer efectivas multas a quienes botan basura a granel, ellos se niegan a entregar su identificación, pero esto no se resuelve sólo con eso, porque al tener mayor atribución, hay municipios que vamos a requerir más recursos".

"Desorden del Ejecutivo"

El presidente de la comisión, Matías Walker (DC), mostró preocupación por la disparidad de opiniones dentro de la Nueva Mayoría, las que llevaron a aprobar la potestad de las policías a realizar controles preventivos, votos que podrían repetirse en la nueva indicación.

"Me parece mal. No soy partidario de instaurar una policía municipal, ha habido casos de abusos, pero acá el tema es que hay un desorden del Ejecutivo con este proyecto, diferencias entre ministerios de Interior y Justicia, el ministro Gómez  estuvo aquí y no marcó posición del gobierno", reclamó Walker.

La diputada Karol Cariola (PC) indicó que si bien "es atendible la necesidad de los municipios de buscar mecanismos de control, no creo que  la indicación vaya en el sentido de la ley de seguridad ciudadana. Se debe analizar mucho más".

Un voto de discordia del recién aprobado control preventivo de las policías, fue el diputado Gabriel Silber (DC), quien no aseguró postura. Sin embargo, enfatizó que "no hay que entregarle a la derecha el patrimonio ideológico del combate de  la delincuencia".

Respecto de facultar a las policías para realizar controles de identidad preventivos, el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, señaló que dicha indicación "trasgrede una cosa que es fundamental, que es el derecho de las personas a circular libremente por este país".