En la Corte de Apelaciones de Valparaíso fue interpuesta esta mañana la primera demanda civil indemnizatoria contra el Estado por la fallida alerta de tsunami del 27 de febrero.
La acción judicial corresponde a la familia de Juan Roberto Palma Azócar, quien murió junto a su esposa Isabel del Carmen Araya Pino en el maremoto que afectó la isla Juan Fernández.
"Está clarísimo que la muerte de Juan se debió, según acreditamos con el certificado de defunción, por muerte por sumersión a las seis de la mañana, por la ola que vino del tsunami. Hay un nexo causal entre la muerte y la responsabilidad del Estado", sostuvo la abogada y ex diputada Laura Soto, patrocinante de la demanda.
Los demandantes exigen una indemnización de $600 millones por daño moral, daño emergente y lucro cesante, según consignó Radio Cooperativa.
