El abogado Mario Schilling presentó este viernes la primera demanda civil por el caso La Polar en el 19º Juzgado Civil de Santiago, en representación de 80 accionistas minoritarios y contra 17 demandados.

La acción judicial se dirige en contra de aquellos que en el ejercicio, uso de sus cargos, roles, posiciones, y obligaciones legales, y que, ya sea abusando de aquellos o simplemente incumpliendo los deberes legales y/o contractuales que les cabían, contribuyeron en la producción de los daños y perjuicios experimentados por los demandantes, según se desprende del escrito.

Los demandados son:
- Empresas La Polar, en cuanto emisora de las acciones, por infracción a la Ley de Sociedades Anónimas y a la Ley de Mercado de Valores, especialmente en su deber de informar veraz, fidedigna e integramente sobre la verdadera situación de la empresa.

- Ex Directores y Ex Gerentes de Empresas La Polar por infracción a las normas de la Ley de Sociedades Anónimas y a la Ley de Mercado de Valores, por haber participado activamente en los hechos que determinaron la entrega de información no fidedigna a las autoridades, mercado en general y a los accionistas.

- La Empresa Auditora Externa Independiente que auditó y opinó sobre los estados financieros de Empresas La Polar, PriceWaterhouseCoopers, tanto los consolidados, como los individuales, "dando siempre una opinión de razonabilidad, corrección y sustento de la información entregada por Empresas La Polar", según señala la demanda.

- Las dos Clasificadoras de Riesgo, que en el transcurso de los años fueron subiendo la calificación de las acciones de La Polar y de Empresas La Polar, "sin cerciorarse de la veracidad y sustento de la información sobre laque opinaron, dejando de validar sus propias clasificaciones avalando de ese modo antecedentes no reales; más aun certificando solvencia a través de las clasificaciones que fueron efectuando de Empresas La Polar y sus acciones", agrega.

La presentación solicita que se condene solidaria o individualmente a indemnizar a los 80 demandantes por todos los daños y perjuicios derivados del hecho de que fueron convencidos, instados o atraídos a invertir en acciones supuestamente rentables y emitidas por una empresa que presentaba una alta calificación de solvencia, siendo que esa imagen y calificación se basaba en la información financiera no real entregada a las autoridades, al mercado y público en general por la propia emisora, quienes la dirigían, la que fue reafirmada o respaldada por los auditores externos independientes y las empresas clasificadoras de riesgo.

La demanda no indica montos, porque se busca que se indemnice a los afectados en su integridad, pero no se descarta que durante el curso del juicio estos daños y perjuicios se incrementen, señalaron cercanos a la causa.

Al no indicar monto en este momento queda abierta la posibilidad de cobrar hasta por los perjuicios más recientes.

Aunque la demanda está presentada, es posible aún incorporar a nuevos demandantes.