El diputado Felipe Harboe, junto a la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales, presentaron esta mañana, una modificación a la Ley de Monumentos Nacionales.

En este proyecto de ley, el parlamentario, quién además preside la Comisión Especial de Protección de Patrimonio Histórico y Cultural, incluye dos modificaciones principales.

En primer lugar, se pone término a la disputa jurídica y de interpretación legal que existe cada vez que se produce la demolición de un inmueble, sin la consulta por parte de las direcciones de obra respecto de la opinión del Consejo de Monumentos Nacionales.

"El proyecto contempla que la demolición total o parcial de un inmueble ubicado en una zona declarada como típica o pintoresca, deberá contar con la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, donde se establece que esta institución, por oficio o a petición de cualquier ciudadano, podrá ordenar la paralización de una demolición que se encuentre en curso cuando no cuente con las autorizaciones exigidas", señaló Harboe.

Respecto a esto, el artículo contempla además una sanción para desincentivar estas demoliciones, señalando que la infracción acarreará la responsabilidad del director de obras municipales, al propietario del inmueble y a la empresa que está realizando la demolición, con multas que van desde las 10 a las 500 UTM.

La segunda modificación de relevancia que se plantea en este proyecto, apunta a la participación ciudadana en el Consejo de Monumentos Nacionales, la que se establece a través de la incorporación de un representante de la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales en el Consejo.

Por otro lado, en el proyecto se especifica que en cada proceso de calificación de zona típica o de interés pintoresco, o cuando se vaya a calificar un inmueble de carácter patrimonial, sea obligatoria la consulta a los vecinos del sector en el proceso.

Por su parte, la Presidenta de la Asociación de Barrios y Zonas Patrimoniales, Rosario Carvajal, señaló que "esta modificación es un primer avance respecto a una modificación mayor, ya que se requiere de una nueva institucionalidad, donde se generen políticas públicas en el ámbito patrimonial, donde lo óptimo sería una nueva ley de patrimonio, que incorpore la participación ciudadana y una serie de incentivos para obtener los recursos para la conservación y preservación del patrimonio construido en nuestro país".