El diputado del Partido Radical Socialdemócrata, Alberto Robles, presentó un Proyecto de Acuerdo que solicita al Presidente Sebastián Piñera, cumplir con su compromiso de campaña electoral y hacer un reconocimiento oficial de la deuda que tiene el Estado con los profesores afectados por el traspaso de la administración educacional del Ministerio de Educación a las municipalidades y que además, en la discusión presupuestaria de este año entregue una fórmula de pago y su financiamiento.
El parlamentario señaló que en la última campaña presidencial, todos los candidatos plantearon su disposición a dar una solución definitiva a la deuda histórica y en ese sentido recordó que el actual Presidente de la República, Sebastián Piñera y sus partidos de coalición se comprometieron con el magisterio a solucionarla antes que terminará su periodo, "sin embargo, hasta ahora no ha habido un pronunciamiento real sobre la materia".
"Distintos poderes del Estado, como el Senado, la Cámara de Diputados, las municipalidades y algunos Tribunales de Justicia, han reconocido explicita o tácitamente la existencia de una "Deuda Histórica" de los profesores. De hecho, solo entre los años 2006 y 2009, la Cámara de Diputados aprobó más de 5 Proyectos de Acuerdo solicitando al Poder Ejecutivo que ponga término a esta deuda, el Senado aprobó más de 4, lo que demuestra que en el Congreso existe un acuerdo prácticamente pleno al respecto", explicó Robles.
Más aún dijo el diputado radical, "en agosto del año 2009, la Cámara de Diputados aprobó informe de la Comisión Especial de Deudas Históricas que sentenció lo siguiente: La Comisión concluyó que existe una deuda histórica con los profesores de Chile, independientemente de que la deuda esté prescrita o que el Poder Ejecutivo no la reconozca y, en ese contexto, la Comisión, basándose en diferentes alternativas propuso al Poder Ejecutivo una solución".
COMISION
En su momento la Comisión estimó en 84.002 los profesores afectados y en U$ 9.133 millones, el monto total de la deuda y ante la imposibilidad de pagar la totalidad de la deuda exigida, propuso asignar un bono inicial de 5 a 10 millones de pesos a los docentes afectados, lo que representaría un costo total fiscal que variaría entre los 744 y los 1.488 millones de dólares, como así también, asignar un bono post laboral de 50 a 100 mil pesos mensuales mientras el afectado viva, cuyo costo en un horizonte de 10 años variaría entre los 591 y los 1.183 millones de dólares.
"Considerando los montos que el Estado debe comprometer para lo anterior, sumando los gastos del terremoto del pasado 27 de febrero, es necesario que el Congreso Nacional y el país sepan cómo, el actual gobierno, financiará la deuda que el Estado tiene con los profesores y por eso es que presentamos este proyecto", recalcó el legislador.
Cabe recordar que la deuda tiene su origen cuando se produjo el traspaso de la educación pública a la administración municipal. Un decreto estableció una asignación especial no imponible para el personal docente dependiente del Ministerio de Educación y un calendario para dicho pago.
Esta asignación se interrumpió cuando se completo el proceso de traspaso de la administración de los establecimientos desde el ministerio a las municipalidades, ya que en el mismo no se acompañaron los recursos para solventar la aplicación íntegra de la asignación especial no imponible. Esto porque la Ley Nº 18.196, de 29 de diciembre de 1982, a través de su artículo 15, estableció que el régimen aplicable al personal docente era del sector privado, no siéndoles aplicables las normas que rigen a los funcionarios públicos.
Al perder su calidad de funcionario público, los profesores traspasados perdieron el derecho a la asignación especial no imponible. Esto significó un grave menoscabo a su patrimonio y una injusticia por cuanto nunca se les aclaró que perderían un derecho ya adquirido. Asimismo, vale decir que tal hecho se produjo mediante una imposición de un gobierno de facto, sin ningún tipo de discusión técnica ni democrática.
