Los problemas en la Municipalidad de San Ramón no paran. A los allanamientos e incautaciones de documentos, efectuados por la Fiscalía Sur y la PDI, por supuestas irregularidades cometidas en la contratación de personas que nunca prestaron servicios -y quienes habrían sido narcotraficantes- se sumó ahora la presentación de una querella.
Este miércoles, el candidato a diputado del Frente Amplio por el distrito 13, Mauricio Carrasco, concurrió al Centro de Justicia para interponer una acción legal contra las autoridades del municipio de San Ramón, y todos quienes resulten responsables, por los eventuales delitos de fraude al Fisco, malversación de caudales públicos y contratación ilegal de funcionarios.
"Creemos que es importante que esto se esclarezca con prontitud, para que todos los vecinos puedan conocer los hechos graves de los que se acusa a sus autoridades municipales y que los vinculan directamente a las bandas delictuales más peligrosas de esta zona de Santiago", dijo el candidato al Parlamento, tras presentar la querella basada en los hechos expuestos en el capítulo "Los tentáculos narcos en San Ramón", del programa Informe Especial, de TVN.
En el texto se indica que un año después de que asumiera el actual alcalde, Miguel Ángel Aguilera (PS), se han ejecutado prácticas irregulares de contratación en el Departamento de Salud del municipio, en particular en el Cesfam Gabriela Mistral, de la población La Bandera.
"Puede percibirse una práctica premeditada, organizada y dirigida a la extracción de dinero del Fisco, generando un lucro ilegítimo en los involu- crados", indica la querella.
Luego, se detalla que algunos funcionarios percibirían salarios de manera anómala. "Pedro Pablo Jaque recibe dos sueldos del Departamento de Salud por un monto total de $ 1.360.680", se explica en la acción legal, donde se agrega que la hermana de Jaque, "Katherine, es funcionaria a contrata en el Cesfam, por lo cual recibe un monto de $ 2.000.000. Sin embargo, en la planilla de sueldos a la que se accede por transparencia se observa que tiene dos contratos".
En la querella también aparecen mencionados Francisco Olguín, quien trabaja en el área administrativa del municipio; José Luis Barrera, cuñado del alcalde y quien se desempeña como jefe de recintos deportivos, además de Jorge Pinto, residente de la población La Bandera y quien tendría a cuatro familiares trabajando en la municipalidad.
La Fiscalía Metropolitana Sur, en tanto, decidió asignarle protección a la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro (DC), quien denunció amenazas de muerte en su contra, supuestamente por haber entregado antecedentes de lo que pasaba en San Ramón al mencionado espacio Informe Especial.
Además, el Ministerio Público designó al fiscal Jorge Cáceres para indagar las amenazas.
