La Presidenta Bachelet firmó este lunes el proyecto de ley que fortalece el sistema de defensa de la libre competencia.

La iniciativa eleva las sanciones para casos de colusión desde el límite actual de 30.000 Unidades Tributarias Anuales (unos US$25 millones)  hasta un tope equivalente al doble del beneficio obtenido o el 30% de las ventas totales durante el periodo que duró la práctica anticompetitiva.

Además se establecen penas de cárcel de entre 5 años y un día a 10 años para sancionar casos de colusión.

La Presidenta enfatizó que "con este proyecto de ley que estamos enviando al Parlamento, queremos poner fin a los casos de colusión, como los que hemos conocido en las farmacias o los pollos. Porque la colusión es un hecho inaceptable bajo todo punto de vista".

Agregó que "es inaceptable que un grupo de personas se ponga de acuerdo para perjudicar a los demás, y esto quede sin penas de cárcel efectiva. Porque con la colusión y otras malas prácticas, no sólo se daña la economía del país, sino también se perjudica directamente el bolsillo de las familias chilenas, y eso, sin duda, es muy grave".

Como ejemplo señaló que en el caso de la colusión en el mercado de la carne de pollo se aplicó a las empresas involucradas la sanción máxima de US$25 millones, en circunstancias que el daño estimado al mercado alzanzó a US$1.500 millones.

Bachelet agregó que "un buen mercado debe asegurar que el que tiene posiciones más ventajosas no las va a usar en contra de los consumidores".

El proyecto propone además adoptar un sistema de control preventivo y obligatorio en el caso de fusiones que superen cierto umbral de valor, el cual será establecido mediante un reglamento. Este sistema, recomendado por la Ocde, busca dar más predictibilidad a los grandes proyectos de negocios.

La iniciativa además eleva las atribuciones de la Fiscalía Nacional Económica.