La Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, promulgó hoy la ley que crea una Comisión de la Verdad para investigar, entre otras, las violaciones de los derechos humanos, torturas y asesinatos de presos políticos durante la dictadura militar (1964-1985).
La comisión, cuya creación fue aprobada en octubre por el Congreso, estará formada por siete personas a ser elegidas por la Presidenta y tendrá un plazo de dos años para exigir documentos de organismos públicos, indagar a testigos y solicitar análisis forenses para identificar los restos mortales de desaparecidos políticos.
Sin embargo, el grupo no tendrá poder para castigar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos que han sido beneficiados por la Ley de Amnistía dictada en 1979 por el último Presidente del régimen militar, el general Joao Figueiredo.
El proyecto fue aprobado en votación simbólica por el Senado el 25 de octubre pasado, tras intensas negociaciones con las Fuerzas Armadas, que temían que la Comisión de la Verdad alimentara la "revancha" por parte de los grupos de oposición a la dictadura.
Para evitar una crisis con los militares, el texto de la propuesta fue considerablemente atenuado: desaparecieron expresiones como "represión política" y el período a ser investigado fue ampliado para iniciarse en 1946 y terminar en 1988, para no coincidir exactamente con los 21 años de la última dictadura militar.
Según el relator de la propuesta en el Senado, el socialdemócrata Aloysio Nunes Ferreira, la Comisión de la Verdad tiene por objetivo asegurar a los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos "el derecho a la memoria y a la verdad histórica" y así impulsar una "reconciliación nacional".
