Sergio Muñoz, presidente de la Corte Suprema, se refirió este lunes a la polémica generada en torno a la sentencia del crimen cometido en contra del matrimonio Luchsinger Mackay y señaló frente a las críticas del Ejecutivo que "este es un triste espectáculo que da el Estado y sus autoridades. No pueden litigar públicamente a través de los medios de comunicación".

Además reiteró a Radio Cooperativa su intención de "defender y cuidar a los magistrados" ante las opiniones del Presidente Sebastián Piñera luego de la sentencia del caso contra Celestino Córdova, quien señaló que "el gobierno de Chile va a seguir perseverando en esta materia porque nosotros creemos que quemar vivas a dos personas es un delito terrorista" y la posterior declaración del ministro de Interior, Andrés Chadwick a la negativa del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco para aplicar la Ley Antiterrorista en el caso, donde señaló esperaba una condena mayor a los 18 años recibidos por el machi.

Al respecto Muñoz señaló que "todos los chilenos (...) rechazamos categóricamente todos los actos delictivos y especialmente este acto (refiriéndose al caso Luchsinger-Mackay)" sin embargo enfatizó en que es distinto reprochar a los tribunales por su desempeño en el caso ya que "ellos no tienen responsabilidad en los hechos". 

"No va a ser el Poder Judicial el que inicie algún diálogo áspero, tampoco se va a quedar detenido, ni va a guardar silencio si se está atacando a los magistrados", añadió el titular de la Corte Suprema quien además hizo un llamado a "no desligar el foco de lo que es escencial" refiriéndose a la protección de todos los chilenos.

Asimismo, agregó que "no tiene ningún sentido esta polémica" y que se debería enfocar hacia una cooperación conjunta de todas las autoridades para lograr una situación efectiva de investigación y condena.

Consultado sobre la claridad y efectividad de la Ley Antiterrorista, el magistrado señaló que son las autoridades jurídicas quienes deben aplicarla o no de acuerdo a las condiciones específicas de cada caso y señaló que en un principio se dictó "una legislación que era objetiva, atendía a la conducta" y luego "al llegar los gobiernos de la Concertación se modificó esta legislación y se le puso un concepto subjetivo que iba no a atender a la conducta sino que al móvil, que era causar terror en la población".